La Defensoría del Pueblo revela más de 120 muertes en minas de Potosí en 2026.
Muertes en minas de Potosí en 2026
La Defensoría del Pueblo revela 120 muertes en minas en 2026 en los yacimientos mineros del departamento de Potosí. De acuerdo con las declaraciones de la delegada regional de la Defensoría del Pueblo, Jackeline Alarcón, la mayoría de las víctimas mortales son jóvenes jornaleros, incluidos adolescentes, que trabajan cobrando un pago diario y no cuentan con beneficios laborales ni con seguro de salud previo, según informó El Potosí.
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Condiciones laborales en minería
El reporte señala que las personas fallecidas no provienen únicamente de la ciudad de Potosí, sino también de diversas provincias y de otros departamentos del país. Asimismo, la representante defensorial explicó que el trabajo en las minas ya no es realizado únicamente por hombres, sino también por mujeres, registrándose víctimas de entre 17 y 28 años, así como menores de 30 años.
Accidentes laborales en minería
En cuanto a las condiciones de trabajo, la Defensoría del Pueblo indicó que no existe una adecuada seguridad industrial ni cobertura médica preventiva. Según la información proporcionada, las gestiones para afiliarlos a la caja de salud se realizan recién cuando ocurre un accidente. Como consecuencia de estos eventos, se han reportado casos de personas que quedan con discapacidades severas o que reciben una atención médica insuficiente tras sufrir golpes en la cabeza.
Derechos de los trabajadores mineros
De forma extraoficial, la autoridad defensorial mencionó que existen casos de fallecimientos que no se denuncian ante las instancias correspondientes. Según lo indicado, esto sucede porque en algunos yacimientos se entrega dinero de forma directa a las familias de los trabajadores afectados.
Jóvenes jornaleros en Potosí
Como antecedentes del problema, el informe detalla que el año pasado cerró con un total de 216 muertes laborales en las minas de la región, entre las cuales se contabilizaron seis adolescentes. Aunque hace dos años se lograron acuerdos de coordinación entre la Defensoría, el Ministerio Público y la Federación de Cooperativas Mineras, el cambio de autoridades policiales y fiscales ha dificultado retomar estas acciones conjuntas para exigir medidas de seguridad para los trabajadores.