La Fiscal Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Rocha Villarroel, informó que se desarrolló con éxito el Encuentro Nacional y Entrenamiento Especializado de Fiscales de Trata y Tráfico de Personas, que reunió a fiscales de materia especializados del área, con el objetivo de fortalecer la respuesta especializada del Ministerio Público frente a los delitos de Trata y Tráfico de Personas y aquellos vinculados a estas conductas criminales.
Fuente: FGE
“Detrás de cada caso de Trata y Tráfico de Personas existe una víctima cuyos derechos han sido vulnerados y cuya historia requiere una respuesta sensible, especializada y oportuna. Como Ministerio Público tenemos el compromiso de fortalecer nuestras capacidades para que ninguna víctima quede desprotegida y pueda acceder efectivamente a la justicia, con respeto a su dignidad y sus garantías”, afirmó Rocha.
El encuentro generó un espacio de entrenamiento especializado, coordinación, análisis e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las capacidades técnicas de las y los Fiscales de Materia responsables de la investigación y persecución penal de estos delitos. Durante la actividad se abordaron las distintas modalidades y dinámicas delictivas, con el propósito de mejorar la actuación fiscal y garantizar intervenciones eficaces y oportunas.
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Asimismo, la jornada permitió avanzar en la unificación de criterios de dirección funcional y en la generación de lineamientos estratégicos destinados a optimizar la gestión de las causas, fortalecer la respuesta institucional y contribuir a la reducción de la carga procesal, desde una actuación especializada y coordinada.
Rocha también destacó que la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas exige una respuesta institucional que coloque en el centro a las víctimas, considerando las particulares condiciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar y evitando su revictimización durante el proceso. En ese marco, señaló que la especialización de los fiscales constituye una herramienta fundamental para mejorar la investigación, garantizar el debido proceso y promover el acceso efectivo a la justicia.
