Por Germaine Barriga Velarde
La normativa chilena dispone que los cargamentos que contengan una cantidad menor al 0,5% de trazas o huellas de sustancias controladas deben ser incinerados, y con ese argumento es que se destruirán los 45 contenedores de madera incautada en Arica, ante la denuncia de que contenía cocaína impregnada, sostuvo la senadora por la Alianza Unidad, Marcela Guerrero, quien retornó del vecino país después de verificar la situación, junto a otros asambleístas.
La asambleísta sostuvo que, en principio, el vocero presidencial del presidente, José Antonio Kast, aseguró que la madera contiene droga; mientras que el fiscal encargado de la investigación se comprometió a viabilizar la toma de una segunda muestra al cargamento, aunque manifestó que, en más de 35 años, esa institución nunca cometió un error.
Otro argumento, quizá el más importante, se refiere a la Ley 20.000, que regula las actividades del Instituto de Salud Pública (ISP), que define que, aunque encontraron trazas en un porcentaje menor al 0,5%, todo ese cargamento incautado debe ser incinerado.
Además, reveló que los funcionarios del Consulado les informaron que la Cancillería instruyó no intervenir en este caso, dejando en una completa indefensión a las 23 empresas exportadoras de madera que fueron acusadas de traficar cocaína.
Este informe se da a conocer un día después de que la Cancillería emitiera un comunicado en el que ratificó que la Fiscalía de Arica suspendió temporalmente la destrucción de la carga de madera, después de que, en una conferencia de prensa, la Cámara Forestal de Bolivia anunció que el ISP instruyó su destrucción.
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El presidente de esa organización, Pedro Colanzi, sostuvo que esa medida se dio a pesar de que informes de expertos contratados por las empresas afectadas sostienen que el Instituto de Salud de Chile no tiene la capacidad para analizar estas pruebas y estos narcóticos, e informes de distintos institutos que establecieron que es imposible la impregnación en madera dura.
A consecuencia de estas acciones, denunció que se dañó a todo el sector maderero, además de las 23 empresas exportadoras, cuyas pérdidas están entre los $us 10 y 15 millones, más de 20 mil empleos y la afectación a su reputación.
Informó que, en Chile, la comisión de senadores sostuvo varias reuniones y que “no venían con buenas noticias”. Afirmó que las decisiones asumidas por el vecino país “ponen en tela de juicio” el Tratado de 1904, en el que se habla de la hermandad de los dos países y de la garantía que tiene Bolivia para la libre comercialización de su producción, en entrevista con Radio Fides.
“Hoy el caso es el de las maderas, mal denominado ‘narcomaderas’, se está cometiendo una injusticia no solo con el país, con toda una industria, como es la Cámara Forestal y maderera, se ha dañado la imagen de nuestro país”, sostuvo. Denunció que, además de la incautación de las 1.080 toneladas de madera, se retuvo un cargamento de soya, con el mismo argumento, por lo que demandó que el Órgano Ejecutivo asuma medidas ante estas decisiones “arbitrarias”.
“Creo que fueron reuniones muy duras, porque nadie puede culparte cuando ni siquiera se ha realizado el debido proceso y, es más las empresas bolivianas están haciendo su defensa jurídica y, la forma como se ha expresado me hizo recuerdo sobre cómo se expresaron en los medios internacionales”, dijo.
Sin embargo, hubo un compromiso del vocero presidencial, a solicitud de la comisión, de que no se incinere la madera, porque en realidad es la prueba, es la evidencia, y “con mucha tristeza debo comunicar al país, evidentemente se está incinerando la madera. Hemos ido a este lugar Camposo, nos retiramos, no pudimos acercarnos mucho al lugar”, lamentó.
Otra de las reuniones fue con el fiscal, que manifestó toda su predisposición, pero “es increíble como las autoridades chilenas se lavan las manos, así como Poncio Pilatos, cada cual argumenta y nadie tiene la tuición”. Al final han llegado a la conclusión de que todo esto dependería de un juez de garantías y dependería mucho del ISP de Chile, precisó.
Detalló que la Ley 20.000 es una norma genérica que establece que el ISP es el único responsable de hacer este tipo de muestras; de que no puede validarse otras pruebas, en referencia a los estudios que se hicieron por parte de la Fiscalía General del Estado y en Brasil, por la Policía Federal.
Ellos se basan en ese informe del instituto, «por eso están incinerando nuestra madera, nos ha dolido en el alma ver como los camiones pasaban en la jurisdicción chilena”, sostuvo. La senadora expresó su preocupación, porque desde su punto de vista lo sucedido con la madera, porque no solo afecta a este rubro.
La asambleísta sostuvo que el Tratado de 1904 y otros acuerdos se están descuidando por la falta de actividad de las instituciones del Gobierno.
Guerrero anunció que en las siguientes horas se reunirá la comisión que viajó a Chile para redactar un informe, que deberá ser considerado cuando llegue el presidente Kast. Están conscientes del daño ocasionado a Bolivia y a su país.
