Marset daba una ´mensualidad´ de $us 500 mil que beneficiaba a Mariaca, según la Fiscalía


El señalamiento está contenido en la imputación formal contra Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta, a la que accedió EL DEBER, dentro de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal

Por Ariel Melgar Cabrera

Marset daba una ´mensualidad´ de $us 500 mil que beneficiaba a Mariaca, según la Fiscalía
Mariaca fue imputado por tres delitos, entre ellos tráfico de sustancias controladas.

 



Fuente: El Deber

La Fiscalía sostiene que el ex fiscal general del Estado Róger Mariaca habría formado parte de una estructura de protección institucional que favorecía al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que, entre 2023 e inicios de 2026, desde las altas esferas se habrían recibido pagos de hasta $us 500.000 mensuales a cambio de información anticipada y protección.

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El señalamiento está contenido en la imputación formal contra Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta, a la que accedió EL DEBER, dentro de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

El documento fiscal califica esos pagos como un supuesto “alquiler de protección” y sostiene que la cobertura habría involucrado al entonces Ministerio de Gobierno (a la cabeza de Eduardo Del Castillo), la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y posteriormente la Fiscalía General del Estado.

Según la imputación, esa estructura habría permitido que Marset recibiera información anticipada sobre operativos policiales. La Fiscalía relaciona esta hipótesis con el operativo del 29 de julio de 2023, cuando el narcotraficante uruguayo logró escapar de un despliegue policial en Santa Cruz.

La acusación sostiene que las conclusiones preliminares fueron construidas a partir de entrevistas, declaraciones, diagramas de vínculos, videos y un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), aunque la imputación será sometida a investigación y a la valoración de la autoridad judicial.

Entre los principales elementos que sustentan la imputación fiscal, se encuentra una entrevista realizada a Marset, que fue grabada el 13 de marzo en el aeropuerto Viru Viru, antes de ser entregado a la DEA. En esas imágenes, el uruguayo afirma que Mariaca es su “amigo” y que le pagaba $us 500.000 para avisarle si había o no operativos de captura contra él.

Además, en esa filmación Marset asegura que el mayor Rubén Aparicio fue quien lo ayudó a contactarse con Del Castillo y entregarle el dinero de la ‘mensualidad’ que daba para recibir protección de altas autoridades.

El documento describe una presunta red de protección que habría alcanzado diferentes niveles del aparato estatal. En el caso de Mariaca, la Fiscalía señala que habría cumplido un rol de “protección y ayuda” primero como fiscal departamental de Santa Cruz y posteriormente como Fiscal General del Estado.

La imputación sostiene que Mariaca habría “encubierto y brindado facilidades” a la estructura de Marset.

El documento también menciona al entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo dentro de la estructura que, según la hipótesis fiscal, habría recibido recursos por brindar protección al narcotraficante.

El Ministerio Público imputó formalmente a Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta por tráfico de sustancias controladas y organización criminal y solicitó seis meses de detención preventiva.

La Fiscalía atribuye a Mariaca un rol de protección desde sus funciones en Santa Cruz y posteriormente desde la Fiscalía General. A Zeballos le atribuye un papel similar desde la Fiscalía Departamental; a Aparicio, tareas de protección y ayuda desde la Policía; y a Irusta, la presunta función de operador dentro de la Fiscalía General.

La investigación contempla peritajes a teléfonos y otros dispositivos electrónicos, análisis de información financiera, triangulación de llamadas y requerimientos a instituciones como la UIF, Migración e Interpol.

Todos los señalamientos contra los cuatro investigados corresponden, por ahora, a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser corroborados o descartados durante el proceso penal.

Fuente: El Deber