Llamémosla doña Teodora. No existe, pero se parece a miles de vecinas del Distrito 9 de Cochabamba. Su casa no tiene conexión a la red y compra el agua por turriles de 200 litros, a unos 14 bolivianos cada uno. La semana pasada escuchó que podía costar 25 o 35. Nadie le explicó el Decreto Supremo 5716. Solo supo que el diésel había subido y que el camión que trae su agua funciona con diésel.
Hace quince años escribí en estas mismas páginas una columna titulada «Ser pobre es muy caro«. Decía entonces que «el agua para los pobres cuesta entre tres a cinco veces más» que, en las zonas con acceso directo a los servicios básicos, y que ser pobre es muy caro «en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y finalmente como Estado». Hace poco, conversando con Javier Gil, volví sobre esa frase. Lamentablemente, sigue vigente.
Hagamos la cuenta. Según el Gerente de SEMAPA vende a los cisterneros 10.000 litros por 18 bolivianos; alguna versión de prensa menciona 25. Es decir, entre 1,8 y 2,5 bolivianos por metro cúbico. Un turril a 14 bolivianos equivale a 70 bolivianos por metro cúbico; a 35, llega a 175. El mismo metro cúbico multiplica su precio entre 28 y casi 100 veces en el trayecto entre la toma y el patio de doña Teodora. El agua es barata. Lo caro es la distancia, el diésel y la informalidad.
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Hace dos semanas, en «De la subvención al token energético», advertí que el problema ya no era solamente fiscal, sino energético, y que el precio debía aproximarse a su costo económico «sin provocar un shock social indiscriminado». El 18 de septiembre el diésel pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro: 83% en un día. El shock no se quedó en el surtidor. Llegó al turril. Esa es la paradoja: una subvención generalizada, que beneficiaba más a quien más consumía, al retirarse golpea primero a quien menos tiene.
Hay que reconocer la reacción. Semapa habilitó cuatro puntos de carguío en los distritos 8 y 9 para acortar recorridos, y la AAPS, Misicuni y el sindicato de cisternas Manantial Cordillera acordaron una resolución regulatoria transitoria para ordenar la venta de agua en bloque. Es un buen primer paso: regular en lugar de prohibir. Pero abaratar la toma no garantiza que el ahorro llegue al turril. Entre la pipeta y el patio no hay medidores, registros ni precios públicos.
Ahí la tecnología puede hacer una diferencia enorme, con las mismas herramientas que propuse para el combustible. Primero, cada cisterna registrada, con GPS y un caudalímetro que informe cuánto cargó, dónde y cuánto entregó. Segundo, un precio de referencia por turril publicado en una aplicación y por WhatsApp, para que cualquier vecino sepa si le cobran de más. Tercero, pagos digitales con QR, que dejan huella y eliminan discusiones. Cuarto, una Cuenta de Agua Digital: en lugar de subvencionar indiscriminadamente el litro de diésel, el Estado asigna a cada familia sin red, identificada mediante ciudadanía digital, un volumen básico mensual a precio protegido, canjeable solo con cisterneros registrados.
No subvencionamos el turril: garantizamos el derecho al agua. Y esos datos nos dirán lo que hoy apenas intuimos: dónde está la demanda, cuánto paga realmente y dónde conviene tender primero la tubería. Porque la cisterna es un parche; la red es la solución.
En 2011 escribí que «las políticas asistenciales son importantes por un tiempo, pero no son suficientes para romper con este círculo vicioso». Quince años después lo diría así: el Estado debe dejar de subvencionar productos y empezar a proteger personas, con identidad digital, trazabilidad y metas de cobertura medibles.
Doña Teodora no necesita entender de tokens ni de blockchain. Necesita saber que su próximo turril costará lo justo y que algún día dejará de necesitarlo.
Ser pobre sigue siendo muy caro. Lo imperdonable sería que siga siendo invisible.
Gamal Serhan Jaldin
