Varias personas hacen fila para comprar alimentos en un mercado paceño. Foto: APG
Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo reportó al menos el 33% de los hogares, en diez ciudades de Bolivia, redujo el número de comidas al día debido al incremento de precios registrado luego del retiro de la subvención al diésel.
“Hay una alerta nutricional que se debe tener presente y lo advertimos también desde la Defensoría del Pueblo: Uno de cada tres hogares reduce el número de comidas al día. Esto nace de las encuestas que hemos realizado con emergencia de este monitoreo”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El dato está incluido en el informe del “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado por la institución.
Dicho monitoreo fue realizado en las nueve ciudades capitales del país y El Alto, con 63 entrevistas a jefes de hogar, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
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El reporte señala que entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al 100%, llegando algunos a superar el 200%.
Asimismo, el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos.
El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.
“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza, hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a grupos en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, afirmó Callisaya.
El defensor alertó sobre un posible deterioro de la calidad nutricional, debido a que las familias sustituyen productos por otros de menor precio y valor nutricional y exhortó a las autoridades competentes del Estado a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la alimentación de las familias bolivianas.
