El acuerdo con Bolivia contempla cambios en los subsidios a los combustibles y limita al BCB la posibilidad de financiar nuevos gastos del presupuesto. El primer desembolso será de $us 214 millones y se prevé que se haga efectivo esta semana.
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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó ayer que el primer desembolso del financiamiento será de $us 214 millones y se hará efectivo esta semana.
“El Fondo Monetario está ya culminando la parte operativa y creemos que máximo el miércoles vamos a tener en nuestras cuentas este primer desembolso de $us 214 millones”, expresó Morales.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el 2 de octubre un acuerdo de 36 meses con Bolivia por un acceso equivalente a $us 1.900 millones. De acuerdo con el Gobierno, los recursos servirán principalmente para fortalecer las reservas internacionales y respaldar los pagos que Bolivia debe realizar al exterior.
No obstante, el préstamo no llega solamente como una fuente de recursos para el país. El acuerdo establece una serie de cambios que apuntan a que el Estado gaste menos, reduzca su necesidad de endeudarse y consiga nuevamente recursos externos. El objetivo es que, en los próximos años, la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, sea cada vez menor.
El FMI prevé que el PIB se contraiga 3% en 2026. En ese contexto, uno de los principales objetivos será reducir el déficit global, que muestra que el sector público gasta más de lo que obtiene en ingresos. En 2025 esta cifra representó 11,4% del PIB y la meta hasta fines de 2026 es bajarla a 9,2%.
Para el economista Fernando Romero, una reducción de esa magnitud no puede conseguirse solamente eliminando viáticos, publicidad u otros gastos administrativos. Considera que el ajuste tendrá que concentrarse en partidas de mayor tamaño.
“El mayor margen está en subsidios a combustibles, cuya eliminación gradual o total es parte del programa; empresas públicas deficitarias, reduciendo transferencias y déficits; masa salarial”, indicó el experto.
El propio FMI señala que el programa contempla la eliminación progresiva de los subsidios que todavía existen para los combustibles, mediante un mecanismo automático de fijación de precios. También plantea mejorar la eficiencia del gasto, controlar los pagos atrasados y reformar las empresas públicas. Sin embargo, el organismo sostiene que el ajuste debe realizarse protegiendo a los hogares más vulnerables.
Asimismo, se proyecta bajar la inflación del 20,4% registrada en 2025 a 14,2% hasta diciembre de este año y 10,7% durante 2027. Aunque las cifras continúan siendo elevadas. Esta proyección no significa que los precios vayan a bajar sino que seguirán subiendo, pero a un ritmo menor.
El FMI vincula la estabilización de los precios con cambios en la política monetaria y cambiaria. Entre las medidas previstas está que el Banco Central de Bolivia (BCB) deje de financiar nuevos gastos del presupuesto y que se establezca un manejo más controlado del dinero que circula en la economía.
Sin embargo, aunque el déficit se reduzca, la deuda pública continuará siendo uno de los principales problemas. El FMI calcula que la deuda pública del Estado llegará a 100,2% del PIB este 2026, después de haber alcanzado 83,3% en 2025.
Romero también enfatiza que al establecerse en el acuerdo que el BCB no otorgará nuevo financiamiento al presupuesto, el Estado tendrá que depender cada vez más de una combinación de créditos externos, emisión de bonos, mayores ingresos y una reducción de sus gastos.
