Emilio Martínez Cardona
Advertíamos en nuestra columna anterior sobre la activación internacional de una serie de “voceros autoritarios”, que tienen el cometido de estigmatizar al nuevo periodo democrático boliviano. Uno de estos voceros es el portal NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), dirigido fundacionalmente por Pedro Brieger y asociado a estructuras de comunicación de izquierda en la región.
NODAL articula un marco discursivo muy concreto respecto a la situación social y política de Bolivia, afirmando que el país atraviesa una severa degradación institucional y de derechos humanos impulsada por dos pilares interconectados: el Estado de excepción como herramienta para desmovilizar el descontento y el ajuste económico como imposición antipopular.
Al evaluar este encuadre, surgen marcadas debilidades teóricas y omisiones fácticas. NODAL omite que las medidas de excepción suelen responder a bloqueos prolongados de rutas que asfixian el abastecimiento de alimentos y combustibles, vulnerando los derechos humanos de millones de ciudadanos no involucrados (derecho al trabajo, a la salud y a la libre movilidad).
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El relato atribuye el deterioro económico de manera exclusiva al “ajuste”, obviando el agotamiento del modelo previo (reducción de reservas internacionales, déficit fiscal sostenido y caída en la producción hidrocarburífera). Presentar el ordenamiento de precios como el origen de la pobreza en lugar de una consecuencia del colapso del modelo estatal resulta insostenible desde el punto de vista macroeconómico.
Para esta corriente, la coacción ejercida por sindicatos violentos (bloqueos, cercos a ciudades) es calificada como “resistencia popular”, mientras que el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado para restablecer la transitabilidad es etiquetado automáticamente como “represión fascista”.
El enfoque del portal no opera en el vacío, sino dentro de una red integrada de producción narrativa de izquierda en América Latina. NODAL fue diseñado para promover la “integración regional desde la Patria Grande”, alineado con el Grupo de Puebla y la ALBA. Su línea editorial destaca sistemáticamente las protestas sociales contra gobiernos reformistas o liberales, mientras aplica una cobertura indulgente o apologética ante crisis de derechos humanos en regímenes autoritarios aliados (como Venezuela, Nicaragua o Cuba).
Se nutre de la retransmisión de contenidos de redes mediáticas regionales con financiamiento estatal (como Telesur) y funciona en sinergia con think tanks como el CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) y la Fundación Rosa Luxemburgo de los neo-comunistas alemanes, recibiendo subvenciones para la “democratización de la comunicación”.
Sus artículos sobre crisis internas dependen predominantemente de declaraciones de dirigencias corporativizadas, colectivos de la corriente “decolonial” o pronunciamientos de sectores políticos afines, obviando análisis técnicos independientes o la postura de los gremios productivos afectados.