La detención y luego destitución del Fiscal General de Bolivia está lejos de constituir un accidente más en la ya larga lista de prominentes funcionarios del Poder Judicial vinculados al narcotráfico y sus derivaciones delincuenciales.
Se supone que, si el máximo representante de la justicia boliviana, instituido teóricamente como el garante absoluto de la legalidad y la probidad, hace parte de la peligrosa red delincuencial desarrollada al amparo de 20 años de protección e impunidad, lo que en realidad se ha venido abajo es el paradigma de un sistema judicial estructurado en función del narcoestado que rodeó las acciones del MAS.
En la medida en que un sistema de dominación se consolida, el punto de equilibrio nace de la independencia de los poderes. La experiencia nos muestra que la eliminación de todos los límites entre el gobierno y el Poder Judicial en Bolivia a lo largo de los gobiernos del MAS fue diezmada en función de los intereses del caudillo.
La dictadura masista modeló el sistema judicial a los intereses hegemónicos del MAS y su caudillo. Bajo estas condiciones, la naturaleza delincuencial del régimen masista se transfirió al Poder Judicial, minando todas sus instancias e imponiendo un régimen de corrupción y violencia sin precedentes en la historia nacional.
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Roger Mariaca cae no por las contingencias propias del momento político que vivimos, tampoco de manera directa por las implicaciones de la detención de Marset y asociados, cae porque los niveles de corrupción y degradación institucional creados bajo la égida de un sistema de dominación populista que dejó intacto el Poder Judicial una vez recuperada la democracia, hicieron crisis estructural.
Simplemente, los esfuerzos de reconstituir una institucionalidad democrática ya no aceptan una estructura delincuencial. Poco a poco, todo el Poder Judicial empezó a resquebrajarse. Mariaca es la ficha final. De alguna manera, es el punto de inflexión en el que todo el aparato jurídico intenta recuperar legitimidad frente a la ciudadanía.
Hasta el 2005, todos los dispositivos y aparatos del Estado intentaban consolidar y legitimar el modelo de acumulación económica y ordenamiento superestructural generado por las transformaciones de la Revolución Nacional.
Se trataba, en suma, de actuar en el horizonte de la modernidad con todos sus dispositivos institucionales; de esta forma, el Estado actuaba en función de consolidar un modelo liberal y democrático.
El Poder Judicial, en consecuencia, era la instancia de legitimidad de los preceptos democráticos en todas sus dimensiones (económicas, políticas, culturales, educativas, etcétera).
Durante 20 años esa dinámica se trasladó a los escenarios del crimen organizado. De pronto, la sociedad boliviana empezó a escuchar de sicarios, de ajuste de cuentas, de disputas por el dominio de territorios y el establecimiento de una republiqueta controlada por productores de la coca que va al narcotráfico.
En cuestión de meses, más de dos docenas de ajusticiados empezaron a mostrar una lucha descomunal por controlar el poder que les otorgó la impunidad y protección masista. En este escenario, la intervención de los Estados Unidos significó el punto de inflexión.
Estamos pasando de un paradigma judicial centrado en organizaciones criminales y narcovinculadas a la reconstrucción de un sistema al servicio de la ley y la ciudadanía.
No solo cayeron Marset y Mariaca, cayó una compleja y poderosa estructura al servicio del crimen organizado construida en 20 años de impunidad y protección.
La batalla apenas empieza. Habrá que ver qué nos depara el futuro inmediato, sobre todo porque la experiencia nos ha enseñado que, cuando el barco se hunde, solo se escucha: sálvese quien pueda.
Renzo Abruzzese es sociólogo.
