Los propietarios piden investigar cómo el vehículo llegó a Sucre y por qué aparece vinculado a los motorizados que usaba el exfiscal general Róger Mariaca
Vagoneta secuestrada en Santa Cruz que apareció en Sucre. Foto: El Deber
Fuente: El Deber
Una familia de Santa Cruz reclama la devolución de una vagoneta Toyota Land Cruiser Prado, año 2025, que compró el 17 de junio y que fue secuestrada nueve días después por disposición fiscal. El motorizado fue hallado posteriormente en Sucre, junto a otra vagoneta que usaba el exfiscal Róger Mariaca y en que se hallaron armas de grueso calibre.
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Martín Camacho, abogado de la familia, cuestionó el procedimiento policial y anunció la presentación de quejas ante instancias del Ministerio Público en Santa Cruz y Sucre para que se esclarezca qué unidad policial intervino, bajo qué circunstancias se trasladó el vehículo hasta la capital del país y por qué permaneció fuera del alcance de sus propietarios durante más de tres meses.
“No estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de un robo institucionalizado”, afirmó a EL DEBER el abogado, quien atribuyó presuntas irregularidades a policías y funcionarios del Ministerio Público. Se trata de acusaciones de la defensa que deberán ser investigadas y contrastadas por las autoridades competentes.
El documento al que tuvo acceso la defensa está fechado el 26 de junio de 2026 y fue firmado por la fiscal de materia Milenca Rodas Patiño. La disposición ordena el secuestro de una vagoneta Toyota, color bronce metálico, año 2025, con placa de control 6484-DEA, dentro del proceso penal con código FUD 701102012601425.
La investigación por la que se secuestró la vagoneta fue iniciada de oficio y está dirigida contra Rafael A. Q. H., Luis P. E., Alison P. C. y otras personas por la presunta comisión de los delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas, robo agravado, asociación delictuosa y receptación. Estas personas no tienen relación alguna con los dueños de la vagoneta secuestrada, según informó el jurista.
De acuerdo con los antecedentes descritos en la resolución, durante un allanamiento realizado el 6 de abril en un inmueble ubicado en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, los investigadores colectaron varios objetos: una libreta escolar electrónica, un compromiso de padres de familia, una copia de certificado de nacimiento, planos arquitectónicos y tres vainas de munición de diferentes calibres.
El documento señala que en los planos se podían observar anotaciones correspondientes a placas de vehículos, entre ellas la 6484-DEA, que corresponde a la vagoneta reclamada por la familia. Sobre esa base, la fiscal Milenca Rodas dispuso el secuestro del motorizado dentro del proceso penal.
La defensa sostiene que ni la madre que compró el vehículo ni su hijo, quien participó en la operación comercial, son investigados en esa causa. Camacho también afirma que la persona que les vendió la vagoneta no figura entre los procesados. “Le secuestraron la vagoneta solamente porque su placa estaba anotada en los planos de una tercera persona que mis defendidos no conocen”, detalló Camacho.
La familia asegura que compró el vehículo de buena fe
De acuerdo con el relato del abogado, la madre, una profesional del área de la medicina estética en Santa Cruz, adquirió la Toyota Prado a su primer propietario. Para concretar la compra, entregó otro vehículo como parte de pago y cubrió la diferencia.
La operación se realizó el 17 de junio de este año, por un monto aproximado de $us 72.000, según Camacho. La intención del hijo era revender la vagoneta y obtener una ganancia, pero el plan se interrumpió cuando la Policía retuvo el motorizado.
El abogado relató que, días después de la compra, la mujer se encontraba en un supermercado de la zona de Equipetrol, en Santa Cruz, cuando policías se acercaron y le comunicaron que el vehículo tenía una orden de secuestro. La propietaria estaba acompañada de su hija de dos años.
Según la versión de Camacho, la mujer y su hijo fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecieron durante varias horas. El abogado sostiene que inicialmente no les mostraron una orden y que después apareció la resolución fiscal fechada el 26 de junio.
La familia comenzó a gestionar la recuperación del motorizado mediante solicitudes y memoriales, pero, de acuerdo con la defensa, no obtuvo una respuesta favorable.
Camacho afirmó que, tras el secuestro, la familia recibió llamadas y mensajes que, según su versión, incluían advertencias y pedidos de dinero a cambio de solucionar el problema. El abogado mencionó montos de 30.000 dólares y posteriormente 10.000 dólares, aunque dijo que no tenía identificadas a todas las personas que presuntamente estaban detrás de esas exigencias.
La defensa también cuestionó que, según el relato de la propietaria, se le hubiera sugerido desistir de recuperar la vagoneta y reclamar al vendedor. El abogado indicó que fue contratado recientemente y que busca que las denuncias sean investigadas formalmente. Hasta que las autoridades verifiquen esos hechos, las presuntas amenazas y exigencias económicas deben ser consideradas como denuncias de la defensa y no como responsabilidades establecidas judicialmente.
El caso tomó una nueva dimensión cuando la familia reconoció el vehículo en imágenes difundidas sobre el hallazgo de dos vagonetas Toyota Prado el miércoles por la noche en Sucre. Según Camacho, una era de color negro y la otra, de tono bronce, correspondiente al motorizado reclamado por sus clientes.
En ese operativo, de acuerdo con la información proporciona por el fiscal general interino, José Armando Urioste, se encontraron armas de grueso calibre en la vagoneta negra, que era manejaba exclusivamente por Mariaca. Mientras que en la de color bronce no se habrían hallado objetos similares.
La defensa cuestionó por qué el vehículo secuestrado no permaneció en un depósito bajo custodia mientras se desarrollaban las investigaciones y cómo terminó en Sucre. También pidió que se establezca qué autoridad dispuso su traslado y con qué finalidad.
El abogado explicó que, desde su perspectiva, el secuestro de un motorizado constituye una medida destinada a preservar elementos de una investigación y no implica automáticamente que el bien pase a propiedad del Estado.
En ese sentido, sostuvo que corresponde esclarecer qué relación concreta tenía la Toyota Prado con los hechos investigados y por qué se dispuso su secuestro a partir de una placa anotada en unos planos arquitectónicos.
La resolución fiscal, por su parte, dispone que el vehículo sea presentado ante la fiscal o el investigador asignado y que se labren las actas correspondientes. El documento no establece que la vagoneta haya sido incautada definitivamente ni que sus propietarios hayan sido declarados responsables de alguno de los delitos investigados.
La defensa anunció que solicitará información sobre el recorrido del motorizado, su situación jurídica actual y las razones por las que no se atendieron los pedidos de devolución.