El presidente cívico Stello Cochamanidis advirtió avances insatisfactorios a demandas como la salud, los combustibles y la educación y no descartó “medidas escalonadas, con la posibilidad de llegar a un cabildo”
Cívicos y representantes de la institucionalidad cruceña recordaron en la presente semana el vencimiento del plazo.
Fuente: Unitel
Este sábado vence el plazo otorgado al Gobierno nacional para atender las demandas de la Asamblea de la Cruceñidad, lo que abre la posibilidad de que se asuman medidas de presión en Santa Cruz. Así lo establecen las resoluciones del encuentro del 9 de septiembre, recordadas recientemente por el presidente cívico, Stello Cochamanidis.
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“Si no se resuelve se van a hacer estas medidas escalonadas, con la posibilidad de llegar a un cabildo”, sostuvo Cochamanidis en la presente semana, por lo que no se descarta que el directorio del Comité pro Santa Cruz analice las acciones a seguir.
El dirigente sostuvo que los informes recibidos sobre salud, educación y combustibles reflejan avances insatisfactorios y condicionó los siguientes pasos a la voluntad política del nivel central para atender las exigencias regionales.
Las exigencias están contenidas en una resolución de la Asamblea de la Cruceñidad, que emplazó al Gobierno nacional a responder a las demandas regionales en medio de la crisis económica y energética.
Entre los principales reclamos figuran la restitución de competencias a gobernaciones, municipios y universidades, la atención de los problemas de abastecimiento de combustibles, así como la asignación de recursos e ítems para salud y educación.
Respecto al tema sanitario, en semanas pasadas se dieron reuniones entre la Gobernación y el Ministerio de Salud, abriendo la vía para la asignación de ítems. El antecedente más reciente es que el ente departamental acordó la distribución de 538 ítems entre 53 municipios cruceños.
Otro de los puntos centrales es la incorporación del modelo 50-50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, para que el 50% de los recursos generados por cada región permanezca en los departamentos y sea administrado directamente por las gobernaciones, municipios y universidades públicas, según plantea la resolución.
Respecto a este tema, desde el Gobierno no respondieron directamente, pero el viceministro del Tesoro, Oscar Navarro, dijo en días pasados que el PGE será enviado a la Asamblea Legislativa antes de que finalice el presente mes de octubre.
En materia energética, la Asamblea también exige liberar la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de impulsar los biocombustibles y la explotación de pozos de crudo.
La resolución de la Asamblea de la Cruceñidad faculta Comité pro Santa Cruz a activar, en coordinación con las instituciones y sectores de la región, la denominada Autonomía de Facto y un plan de medidas escalonadas de presión en caso de incumplimiento.