Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Efectivos de la FELCC precintan las instalaciones de la joyería atracada. Foto: Unitel
Cuatro delincuentes atracaron una joyería en un centro comercial cruceño y la Policía activó el Plan Z; agropecuarios de Cochabamba alertan de una caída del 30% en la producción; y el Gobierno establece compensaciones a YPFB para mantener el precio de la garrafa de gas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
Un asalto armado se registró cerca de las 19:00 del domingo en una joyería ubicada en un centro comercial del tercer anillo y avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra. Según los reportes de testigos, al menos cuatro sujetos irrumpieron en el establecimiento con armas de fuego, realizaron disparos y se llevaron dos bolsas con joyas. Los atacantes ingresaron con los rostros cubiertos y amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar, lo que provocó momentos de alarma y obligó a varios negocios a cerrar sus persianas. La Policía desplegó efectivos en la zona y comenzó las investigaciones para identificar a los responsables. Hasta el reporte inicial, no se había establecido el valor del botín ni se contaba con un informe policial oficial sobre el hecho.
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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó la situación de inseguridad en el departamento tras el asalto armado a una joyería en un centro comercial de la avenida Busch. “El crimen organizado se está adueñando de Santa Cruz”, afirmó al llegar al lugar del atraco, donde cuatro sujetos armados redujeron al guardia de seguridad y a trabajadores para llevarse el botín. Velasco insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, aumentar la cantidad de efectivos policiales y mejorar el control migratorio. También planteó la creación de una guardia departamental y vinculó esa propuesta con una mayor distribución de recursos hacia las regiones. El gobernador sostuvo que las fuerzas de seguridad actuales no alcanzan para cubrir las necesidades del departamento.
La Policía Boliviana activó el denominado Plan Z tras el asalto armado cometido por cuatro sujetos en una joyería situada en un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra. Los delincuentes ingresaron al establecimiento, efectuaron disparos y rompieron los vidrios del negocio para apoderarse de las joyas. Después del hecho, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y se desplegaron operativos en la ciudad para localizar a los responsables. El valor de los objetos sustraídos aún no había sido establecido. El Plan Z es un protocolo de respuesta inmediata que la institución policial utiliza ante hechos de alto impacto, entre ellos atracos armados, secuestros y otros crímenes.
La Cámara Agropecuaria de Cochabamba advirtió que la producción del campo cayó aproximadamente un 30% durante los últimos cuatro meses y expresó su preocupación por las movilizaciones anunciadas por sectores afines al evismo. El presidente de la entidad, Rolando Morales, señaló que los conflictos sociales y los bloqueos perjudican las unidades productivas, el empleo y la seguridad alimentaria. El sector teme que nuevas interrupciones de caminos agraven las dificultades de abastecimiento y el encarecimiento de los alimentos. Morales pidió al Gobierno hacer cumplir las normas y garantizar el libre tránsito, al considerar que las protestas no deben traducirse en el cierre de carreteras. La advertencia se produce a dos días de la marcha anunciada por sectores afines a Evo Morales.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a sus organizaciones afiliadas a un ampliado nacional para este jueves 15 de octubre, a las 09:00, en el salón del Complejo Fabril de la avenida Melchor Pérez de Olguín. Según el comunicado emitido el domingo, el encuentro tendrá como punto central el análisis de la coyuntura nacional. La convocatoria se conoce a dos días de la marcha anunciada por sectores afines a Evo Morales para este martes 13 de octubre. El dirigente campesino Jerson Murillo ratificó la movilización y manifestó que el objetivo es sacar al Gobierno y no abrir un proceso de diálogo. El escenario de tensión política se desarrolla mientras está vigente el estado de excepción y después de los conflictos que provocaron bloqueos de caminos en meses anteriores.
El Decreto Supremo 5667 establece compensaciones estatales a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para mantener el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fija un reconocimiento de Bs 8,40 por garrafa para el gas producido en plantas y de Bs 7 para el gas proveniente de refinerías. Los recursos se canalizarán mediante Notas de Crédito Fiscal autorizadas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El precio final de la garrafa se mantiene en Bs 22,50. Sin embargo, el decreto no establece el costo total que tendrá la compensación para el Estado, pues ese cálculo depende de los volúmenes comercializados bajo cada modalidad y de las notas de crédito efectivamente emitidas.
El sector del transporte interdepartamental reportó escasos avances en las negociaciones con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y espera alcanzar un acuerdo este martes con el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. El dirigente Limbert Tancara señaló que los operadores mantienen una propuesta de incremento del 45% en los pasajes, debido al aumento de los costos operativos tras el fin de la subvención al diésel. El Gobierno considera inviable ese porcentaje y planteó una actualización del 25%, respaldada en estudios técnicos. Tancara indicó que las tarifas actuales se basan en un estudio de costos de 2013 y pidió una evaluación nacional que contemple kilometraje, gastos operativos y cantidad de pasajeros por kilómetro.
El presidente Rodrigo Paz se reunió el domingo con representantes de la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando) para coordinar proyectos de infraestructura y desarrollo para el departamento. Durante el encuentro, informó que acordó con la gobernadora Gabriela De Paiva y los alcaldes impulsar la construcción de la carretera Extrema-Cobija, una vía que habilitaría 70 kilómetros de conexión comercial con Brasil y Perú. El mandatario señaló que, si esa conexión se articula con el puente Guayaramerín-Guajará-Mirim, el comercio podría movilizar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Paz sostuvo que el desarrollo de la región debe apoyarse en infraestructura, producción y oportunidades comerciales, con atención también a la protección del medioambiente.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho, informó que entre el 4 de mayo y la primera semana de septiembre de 2026 se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política en el ámbito subnacional. Los datos fueron recopilados a través de las secretarías de Cámara de los nueve tribunales electorales departamentales. Santa Cruz registró 11 renuncias, mientras que Tarija contabilizó siete; La Paz reportó seis denuncias y tres renuncias. Camacho expresó su preocupación por las condiciones en las que las mujeres ejercen sus cargos y señaló que la paridad electoral debe traducirse en garantías reales para permanecer en funciones y tomar decisiones sin acoso ni violencia.
El Gobierno entregó el reglamento de la Ley 1680, que establece medidas de protección integral y reparación para hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad por feminicidio y otros delitos contra la vida. El acto se realizó el domingo en la Casa Grande del Pueblo, en el marco del Día de la Mujer Boliviana. La viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jessica Echeverría, informó que la primera tarea será identificar a las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos desde la promulgación de la Ley 348, para conocer sus necesidades y activar los beneficios previstos. La normativa contempla un bono mensual y otras medidas de apoyo y reparación. El reglamento busca convertir las disposiciones de la ley en mecanismos operativos.
