En varios operativos, la Policía recuperó ayer una motocicleta y reportó detenciones, mientras la propietaria de la tienda asaltada el domingo reclamó mayores medidas de protección ante el crimen.
El violento atraco a una joyería de un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra, cometido por cuatro hombres armados la noche del domingo 11 de octubre, abrió el debate sobre el uso de armas por particulares. Una de las propietarias pidió que los negocios puedan contar con seguridad privada armada ante el avance de la violencia criminal. Mientras la Policía desplegó operativos y recuperó una motocicleta, la Fiscalía confirmó la aprehensión de una trabajadora, presuntamente vinculada con el robo.
“Hay criminales tan peligrosos sueltos, no temen, no tienen miedo de nadie ni de la Policía. Aquí en Santa Cruz ya hacen lo que quieren los atracadores”, afirmó Michelle Naves Lopes Sebben, gerente comercial de la joyería, en una entrevista con EL DEBER. La propietaria pidió mayor seguridad y planteó que negocios como las joyerías, puedan contratar personal privado armado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El asalto ocurrió después de las 19:00, cuando el centro comercial, ubicado en la avenida Busch y tercer anillo, estaba con una nutrida concurrencia. Cuatro sujetos ingresaron al negocio a gritos y dispararon al aire. Luego rompieron los vidrios de los mostradores y sustrajeron joyas, mientras clientes y trabajadores buscaban dónde ponerse a salvo. Los atacantes huyeron en dos motocicletas.
Los propietarios dijeron que aún no cuantificaron el valor de las joyas robadas y destacaron que ningún trabajador ni cliente resultó herido. “La osadía fue muy alta”, señalaron.
Uso reglamentado
El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, se mostró a favor del uso civil y reglamentado de armas. Recordó que la Ley 400 permite solicitar voluntariamente un arma de fuego para defensa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y sostuvo que eso no implica “armar a la sociedad”. Añadió que una eventual modificación sobre el calibre sería un asunto distinto.
Santisteban informó que se reforzarán las tareas de seguridad con más efectivos policiales y apoyo militar. Efectivos de la Octava División del Ejército fueron movilizados para patrullar y establecer un cerco en coordinación con la Policía, para prevenir delitos.
La Policía activó el “Plan Z” y desplegó unidades tácticas y operativas. En un inmueble de la Villa Primero de Mayo arrestó a varias personas y secuestró motocicletas y bolsones con prendas. También recuperó una motocicleta negra con placa 6593-PAC, robada en la zona norte y que, según la investigación preliminar, fue utilizada por dos de los asaltantes.
La Fiscalía confirmó la aprehensión de una trabajadora de 29 años, investigada para establecer si participó en la planificación o ejecución del robo.
La fiscal departamental, Mabel Andrade Molina, dijo que se busca determinar la intervención de cada presunto involucrado. La mujer fue arrestada inicialmente tras advertirse contradicciones en su declaración; su pareja sostuvo ante los medios que estaba nerviosa al prestar testimonio. Será imputada y puesta ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, advirtió que los asaltos, secuestros y otros delitos se vuelven recurrentes. Cuestionó la falta de presencia policial efectiva y pidió fortalecer la prevención y la coordinación entre el Gobierno nacional, la Gobernación y los municipios. También alertó sobre las vulnerabilidades en el control fronterizo.
La joyería permanece precintada mientras avanzan las diligencias. El caso deja planteada una discusión: cómo proteger a la población civil frente a la violencia sin que la respuesta implique una mayor circulación de armas.
