Johan Guzmán, víctima de sicariato, tenía antecedentes por asesinato y estuvo recluido en la cárcel de Montero


Santa Cruz. “No sabemos qué hacía en el taller”, señaló la abogada que llegó hasta el lugar del crimen, ubicado en la zona del Zoológico de la capital cruceña y que quedó precintado por las fuerzas del orden mientras avanzan las pesquisas.

Fuente: Unitel



Johan Guzmán, asesinado en un ataque a tiros perpetrado la tarde de este martes en un taller mecánico de Santa Cruz de la Sierra, tenía antecedentes por asesinato y estuvo recluido en el penal de Montero, según informó su abogada, Blanca Mercado.

“Tenía antecedentes. Había sido investigado por asesinato, cuyo proceso ya ha culminado. Estuvo recluido en el penal de Montero”, manifestó Mercado al identificar a Guzmán y confirmar que el proceso se remonta a unos tres años atrás.

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La abogada Mercado llegó hasta el taller, ubicado en inmediaciones del Zoológico Municipal, y señaló que desconocía los motivos por los que su representado se encontraba en ese lugar, esperando que la Policía brinde información sobre las circunstancias del asesinato.

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[Foto archivo: Comando de Santa Cruz] / En 2023, Johan Guzmán Parada fue aprehendido por el delito de asesinato.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre armado ingresó al taller desde una calle lateral y disparó contra Guzmán, que se encontraba sentado junto a otros dos hombres. El sicario abrió fuego y huyó en menos de 10 segundos, según los registros del hecho.

La captura en 2023 y el caso por asesinato

Según los antecedentes, en noviembre de 2023, Guzmán fue aprehendido y señalado como presunto piloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lapso en el que fue enviado con detención preventiva por el asesinato de un instructor de gimnasio.

Un informe del Ministerio de Gobierno también lo vinculó con Erlan Ivar García, alias El Colla, identificado por las autoridades como hombre de confianza de Marset.

Sobre el proceso por asesinato, la abogada señaló que la causa llevaba más de tres años y que se evaluaba solicitar su extinción por las vías legales, ya que los familiares de la víctima de aquel caso habían desistido del proceso.