Por Freddy Teodovich Ortiz
En los Estados democráticos, el Órgano Judicial es el principal garante de los derechos y las libertades de la ciudadanía. La administración de justicia exige, por tanto, profesionales del derecho con experiencia, idoneidad y una firme vocación de servicio.
En Bolivia, la Constitución establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y que su ejercicio debe sustentarse, entre otros principios, en la independencia, la imparcialidad, la seguridad jurídica, la probidad, la celeridad y el respeto a los derechos fundamentales.
La presión y el sometimiento que soportó el órgano judicial durante el gobierno del MAS, fue tan grave y nefasta que hasta ahora sufrimos sus consecuencias de retardación, manipulación y corrupción; y, a pesar de los esfuerzos de jueces, fiscales y magistrados probos y correctos, no recuperamos, la confianza en un sistema que demanda cambios y reformas profundas que garanticen una justicia independiente.
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Los recientes hechos que involucra a la más alta autoridad del Ministerio Público el ex Fiscal General además otros altos funcionarios, acusados de conformar una poderosa red delincuencial ligada al narcotráfico, lavado de activos y tráfico de influencia, desnuda la gravedad de la crisis del sistema judicial, y pone a prueba al flamante Fiscal General interino que deberá investigar, aprender y acusar a todos quienes resulten implicados en estos delitos.
Una sociedad que no cuenta con magistrados y jueces probos, con fiscales e investigadores honestos, con una Defensoría y una Procuraduría que defienda a la sociedad por encima de los movimientos sociales o del gobierno, queda inerme e indefensa ante el poder, no es atractiva a la inversión y cae en un abismo de descontrol y delincuencia.
La Constitución de 1994 creó el Tribunal Constitucional encargado del control de la legalidad, de correcta aplicación de la constitución y la ley. Sus sentencias y resoluciones son irrevisables, vinculantes y obligatoria, y establecen la línea jurisprudencial que debe ser acatada y cumplida de forma obligatoria por todos los administradores de justicia.
Con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial (IA) desarrolladas a nivel global, ha llegado el momento de que el sistema judicial incorpore responsablemente esta herramienta moderna de la IA, y defina la consulta obligatoria de los jueces para verificar la aplicación de la jurisprudencia pertinente en sus resoluciones y fallos, pudiendo contrastar criterios y verificar la correspondencia de sus decisiones con la normativa, emitiendo fallos ajustados a las normas vigentes y jurisprudencia aplicable.
Utilizando la tecnología disponible, las resoluciones y sentencias dictadas estarán disponibles en tiempo real, no solo para los litigantes sino para todos quienes requieran consultar y estudiar sus fundamentos; pero, también los tribunales de apelación y casación utilizando la IA podrán verificar la aplicación correcta de la ley, de la jurisprudencia y de los procedimientos aplicados, transparentado los procesos y las actuaciones de los operadores de justicia en todo nivel.
Bolivia ha confiado a los profesionales del derecho responsabilidades de enorme trascendencia pública. Jueces y fiscales, defensores y litigantes, intervienen en decisiones que pueden afectar el patrimonio, los derechos y hasta la libertad de las personas. Esta autoridad delegada por la sociedad, debe ser ejercida con prudencia, independencia y apego estricto a la ley, ya que determina responsabilidades cuando corresponde, reconoce la inocencia cuando así procede y, evita que cualquier persona sea perseguida o abusada por el poder.
Es indispensable construir nuevos paradigmas para la justicia boliviana, debemos revalorizar el papel de jueces y fiscales exigiendo idoneidad y probidad; debemos garantizar formación continua, recursos tecnológicos y condiciones de trabajo adecuadas; asignar presupuestos que permitan remuneraciones dignas; y establecer sistemas de evaluación y control objetivos que promuevan la honestidad, la independencia, la responsabilidad y el compromiso.
El sistema universitario debe crear un Observatorio Jurídico independiente, que analice con criterios técnicos y objetivos, sentencias, resoluciones y actuaciones judiciales, identificando de forma objetiva las buenas prácticas, proponiendo reconocimiento público de los operadores de justicia cuyo desempeño contribuya de manera destacada a la justicia y su fortalecimiento institucional.
Recuperar la justicia exige un compromiso compartido entre los poderes del estado, las instituciones, los profesionales del derecho, las universidades y la ciudadanía. Necesitamos una justicia independiente, transparente, accesible y confiable, sometida únicamente a la Constitución y a la ley. Recuperarla es defender nuestros derechos; respetarla y fortalecerla es asegurar la libertad de todos.
