Estos niveles de incertidumbre terminan erosionando seriamente la legitimidad de la autoridad. Es en este marco donde la inseguridad, en su doble condición material y simbólica, articula un miedo colectivo que desplaza la confianza social hacia una exigencia imperativa de protección, rendición de cuentas y certeza, sobre todo en el ámbito de la economía y subsistencia de la sociedad civil.
El espacio urbano se ha erigido en el escenario primario donde decanta esta crisis de confianza. En los centros de mayor densidad demográfica y política, como La Paz, El Alto, Cochabamba o Santa Cruz, la crisis no es una variable abstracta, sino una disrupción directa de las condiciones mínimas de estabilidad emocional.
La escasez sistemática de carburantes, la escalada inflacionaria en la canasta básica y el deterioro de los insumos médicos tensionan la vida diaria de sectores crecientes de la población. Cuando el transporte, la estabilidad del empleo y los precios de los bienes fundamentales pierden su condición de certezas estructurales para convertirse en factores de angustia permanente, el conflicto es inevitable.
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La crisis de los hidrocarburos y la aplicación de medidas de ajuste formal han detonado la reacción de múltiples organizaciones sociales. La respuesta de gremialistas, maestros, transportistas, jubilados y otros mediante paros y bloqueos excede la mera reivindicación corporativa; constituye una demanda de reconocimiento político frente a decisiones que alteran de raíz sus dinámicas de subsistencia.
Frente a este despliegue de malestar, la respuesta oficial fundada en la retórica, y la adscripción de culpabilidades ancladas en el pasado (a casi un año de gobierno), no solo resulta ineficaz, sino que profundiza los temores y la incertidumbre ciudadana.
Se añade a esto el hecho de que las dinámicas urbanas evidencian fracturas internas complejas: mientras en ciertos estratos y regiones la prioridad radica en restablecer niveles mínimos en el flujo de carburantes; en otros tiende a centrarse en la defensa del derecho a la movilización, o, contrariamente, al rechazo ciudadano al bloqueo por el paralizante impacto que genera sobre la libre circulación, el abastecimiento y la economía.
De esta forma, las movilizaciones no son simplemente un problema de orden público, sino la expresión explícita de una sociedad convulsionada por múltiples factores frente a los que el gobierno no parece haberse percatado.
Finalmente, debemos apuntar que la gobernabilidad vendrá de la mano de políticas sociales efectivas, de la certidumbre en la información estatal y el restablecimiento de niveles apropiados de estabilidad emocional y material basada en la certeza de que nos dicen la verdad.
Sin este componente, el distanciamiento entre el poder político y la sociedad civil continuará profundizándose en una espiral de deslegitimación no solo progresiva, sino, además, peligrosa.
Renzo Abruzzese es sociólogo.
