Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una cifra que resume veinte años de gobierno. Bolivia se contraerá 3,0% este año y 1,5% en 2027, y será la única economía sudamericana con crecimiento negativo en ambos períodos. Serían tres años consecutivos de recesión, tras caídas del 1,1% en 2024 y del 1,6% en 2025. Mientras que el promedio de Sudamérica crecerá 2,4% en 2027, el FMI proyecta un crecimiento del 4,0% para Paraguay y del 3,5% para Argentina.
Nada de esto es un accidente de circunstancia. Es el balance de un proyecto político que contó con la mayor bonanza externa de nuestra historia republicana y la convirtió en déficit, deuda y desencanto. Entre 2006 y 2025, con el paréntesis perverso y corrupto de la transición de 2019 y 2020, el «proceso de cambio» prometió refundar el país, y hoy hay que reconstruirlo. Basta mirar la sociedad, la economía, la política y la cultura para entender cómo se llegó hasta aquí.
El MAS gobernó en nombre de los excluidos, y esos mismos sectores son hoy más vulnerables. El Banco Central informa que en junio de 2026 la informalidad urbana alcanzaba a 3,2 millones de personas, el 69,7% de los ocupados, y que en el primer semestre la población ocupada se redujo en unas 205 mil personas. La misma entidad advierte que la pobreza monetaria podría llegar a 5,7 millones de bolivianos hacia fin de año. A ello se suma una inflación de 20,4% en 2025, la más alta en casi cuarenta años, que golpea con más fuerza a quien menos tiene.
La salud muestra bien la distancia entre el discurso y la realidad. En 2019 se puso en marcha el Sistema Único de Salud con la promesa de atención universal, y pocas semanas después el gremio médico denunciaba que la afluencia a los hospitales se había duplicado mientras los insumos, el equipamiento, la infraestructura y el personal seguían igual. Con la crisis de divisas, la promesa terminó en farmacias vacías. En 2025, la Defensoría del Pueblo intervino en 20 hospitales y encontró que nueve no tenían el inventario de medicamentos necesario, porque sin dólares no se podía importar. En abril de 2026, la misma institución verificó que cerca del 60% de los hospitales visitados tenían problemas de disponibilidad de fármacos.
En educación, el problema empieza por negarse a medir. Bolivia nunca participó en las pruebas PISA, y un ministro de Educación llegó a descalificarlas como una imposición neoliberal. Tampoco estuvo en la evaluación regional ERCE 2019 de la UNESCO. Un sistema que no se mide no se corrige, y una generación entera de estudiantes pagó el costo de esa ceguera voluntaria.
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Detrás de este deterioro social hay una historia económica que cabe en pocas cifras. Las reservas internacionales netas llegaron a un récord de 15.122 millones de dólares en 2014 y cayeron a 2.807 millones en el primer semestre de 2025. Entre 2015 y 2025, la producción de gas natural bajó 54%, y desde 2022 el país importa hidrocarburos. No se invirtió en exploración, no se diversificó la economía y se gastó como si el gas fuera eterno.
El resultado fue un desequilibrio fiscal sostenido. Bolivia acumuló diez años seguidos de déficit, que en 2024 alcanzó 10,3% del PIB, y en 2025 el 95% de las reservas estaba en oro. El Instituto de Finanzas Internacionales estimó que el déficit del gobierno central llegaría a 14% del PIB ese año y observó que el Banco Central financiaba el gasto comprando bonos directamente y monetizando oro. Se hipotecó el futuro para sostener un tipo de cambio y unos subsidios que el país ya no podía pagar.
La señal más clara de la gravedad de la situación es el regreso del FMI, con el que Bolivia vuelve a firmar un acuerdo después de más de veinte años. El propio memorando de políticas reconoce que la economía enfrentaba su crisis más grave desde la década de 1980. El directorio aprobó el programa de 36 meses el 2 de octubre, y sus proyecciones no prevén una recuperación antes de 2028.
Esa ruina económica no se explica sin el vaciamiento de las instituciones. La democracia boliviana no murió de golpe y se fue debilitando desde dentro. La Constitución de 2009 hizo de Bolivia un caso único en el mundo, pues los magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental se eligen por voto popular. Se dijo que así se democratizaba la justicia y se terminó envileciéndola y poniéndola de rodillas ante el poder político. La ciudadanía no fue cómplice de esa felonía, ya que en 2011 y 2017 la mayoría de los electores votó nulo o en blanco, convencida de que el proceso estaba manipulado por la mayoría oficialista.
El episodio que mejor retrata el método ocurrió en 2017. Pocos días antes de la elección judicial, el Tribunal Constitucional falló a favor de eliminar el límite de mandatos, a pesar de que la mayoría de los bolivianos había rechazado esa reforma en el referendo. El pueblo dijo no en las urnas y un tribunal lo desconoció. Después vinieron la prórroga que los propios magistrados se concedieron en 2023 y, en 2024, un Tribunal Constitucional que declaró desiertas las elecciones judiciales en dos de los cuatro tribunales y en cinco departamentos, mientras relatores internacionales cuestionaban la falta de independencia judicial.
Los índices confirman el deterioro. En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Bolivia ocupa el puesto 131 entre 143 países, y en ausencia de corrupción quedó en el 141 de 142, solo por encima del Congo. Transparencia Internacional la ubica en el 133 de 180. Cuando la justicia es un botín, el Estado de derecho se vuelve una ficción. El veredicto ciudadano llegó en 2025, cuando el MAS pasó del 55,1% de la elección anterior a apenas 3,16%, en el límite de conservar su personería jurídica. Fue el castigo más contundente de nuestra historia democrática.
Sería injusto desconocer lo que el proceso aportó en lo simbólico, porque dio visibilidad a identidades históricamente relegadas y abrió espacios de ascenso social indígena y popular. Pero convirtió esa reivindicación legítima en ideología oficial. Quien disentía era «neoliberal», «racista» o «golpista», y el adjetivo reemplazó al argumento. Rechazar la evaluación educativa por neoliberal es una muestra del mismo vicio, porque cuando la realidad contradice el relato se descalifica el instrumento que la mide.
La cultura política del período también normalizó la prebenda y la impunidad. Escándalos como el del Fondo Indígena, creado para beneficiar a los pueblos originarios, mostraron que ni lo más simbólico quedó a salvo. A eso se sumó la confusión entre partido, gobierno y Estado, y el hábito del bloqueo y la presión corporativa como método político, cuya factura se paga hoy. El FMI atribuye parte de la caída de 2026 a 53 días de bloqueos entre mayo y junio, además de la escasez de combustibles y del ajuste. Dos décadas de invocar al pueblo mientras se debilitaban las instituciones que lo protegen dejaron una ciudadanía más desconfiada, más polarizada y cansada.
Ningún sector puede salir solo de este colapso, y ninguno tiene derecho a esperar que lo haga otro. El ajuste en marcha es doloroso y sus costos sociales son reales. Sin un pacto amplio resultará inviable o abrirá un nuevo ciclo de inestabilidad y revancha.
Ese acuerdo debe empezar por una reforma de la justicia radical y profunda, lo que probablemente exige una reforma constitucional negociada. Debe incluir una consolidación fiscal con protección efectiva para los más pobres y un entendimiento productivo con empresarios, productores e inversionistas que devuelva dólares, empleo formal y exportaciones. Debe comprometerse a evaluar y reconstruir la educación y la salud con datos y no con consignas. Y requiere que las organizaciones sociales entiendan que el bloqueo no puede seguir siendo el único lenguaje de la negociación.
No se trata de restaurar el país anterior al MAS ni de saldar cuentas pendientes. Se trata de que Bolivia sobreviva como sociedad viable. Las dos décadas perdidas son una lección dolorosa, pero una tercera sería una sentencia fatal e irremediable.
