La querella atribuye a los denunciados la presunta comisión de los delitos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con indicios de responsabilidad penal.
La Procuraduría General del Estado (PGE) acompaña la querella penal que el Ministerio de Defensa presentó este jueves ante la Fiscalía contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, por el presunto daño económico de más de Bs 1.478 millones al Estado en la contratación y ejecución del proyecto SIDACTA (Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo).
El procurador Hugo Cesar León informó, citado en un boletín de prensa, que el trabajo se realizó de forma coordinada con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Transparencia.
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«Lo que debe quedar claro es que el daño económico inicialmente cuantificado es de 1.478 millones de bolivianos», afirmó.
Añadió que se solicitará al Ministerio Público la investigación y la anotación preventiva de bienes de los denunciados.
La querella atribuye a los denunciados la presunta comisión de los delitos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con indicios de responsabilidad penal.
Entre los 19 denunciados figuran exautoridades, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista, además de cuatro exministros de Defensa, Reymi Ferreira Justiniano, quien firmó el contrato original y los modificatorios 1 y 2; Javier Zabaleta López, quien firmó los modificatorios 3 y 4; Luis Fernando López Julio, quien firmó el modificatorio 5; y Edmundo Novillo Aguilar, quien firmó los modificatorios 6 y 7.
La auditoría desarrollada al proyecto determinó que, de los 13 radares contratados, solo 2 estaban operativos sin observaciones, 9 operaban con observaciones y 2 no funcionaban. Esto ocurre pese a que el proyecto registra 100% de ejecución física y 97,85% de ejecución financiera.
También detectó que el contrato original fijaba un plazo de 31 meses, pero siete contratos modificatorios, firmados bajo cuatro gestiones ministeriales, lo extendieron a 82 meses. La demostración final se realizó recién a los 98 meses.
El proyecto fue contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad llave en mano. Comprendía 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. El Estado debía recibir un sistema completo, integrado y en operación, que diera cobertura integrada al espacio aéreo boliviano.
Según la querella, el proceso estuvo marcado por la selección de un único proponente sin comparación documentada suficiente y por un contrato de extraordinaria cuantía con condiciones observadas por la auditoría. A ello se suman los contratos modificatorios, que alteraron plazo, garantías, obligaciones y forma de recepción, además de los actos de ejecución y recepción que derivaron en el presunto daño económico.