Hugo César León confirmó que el Estado participa en la acción promovida por tres afectados. La CIDH ya estableció que este caso tuvo que ver con una «ejecución sumaria» y hay un juicio pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Procuraduría General del Estado ratificó este viernes, en Santa Cruz, su adhesión a la denuncia impulsada por tres víctimas del caso Hotel Las Américas contra más de 150 personas, entre exautoridades, policías y operadores de justicia, por los hechos ocurridos en abril de 2009 y las actuaciones judiciales posteriores.
El procurador general, Hugo César León La Faye, explicó a EL DEBER que la intervención de su despacho responde a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió investigar las vulneraciones denunciadas y reparar a los afectados.
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“Como Procuraduría General del Estado estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó. Una de ellas, puntualizó, consiste en “iniciar proceso penal en sede nacional contra los involucrados, contra los presuntos responsables”.
La acción penal fue promovida por Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas ante la Fiscalía de Santa Cruz. Tras observaciones formuladas inicialmente por el Ministerio Público, la denuncia fue admitida en septiembre y dio paso a diligencias de investigación.
“Nos hemos adherido a la denuncia que han presentado tres de los supuestos afectados contra 100 y tantas personas”, explicó León. Precisó que el objetivo es que los fiscales evalúen las pruebas aportadas y los nuevos elementos que se obtengan durante la investigación.
Se busca, dijo, “poder llegar al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”, de modo que se determine “si es que hay culpables, no hay culpables, en qué grado”. Recalcó que el procedimiento debe desarrollarse “respetando y defendiendo los derechos humanos de todas las personas”.
Esta causa es distinta de la proposición acusatoria presentada el 9 de octubre por el diputado Antonio Pino, de la alianza Libre, contra los expresidentes Evo Morales y Álvaro García Linera, con miras a un juicio de responsabilidades. El fiscal general en ejercicio, José Armando Urioste, informó el 12 de octubre de su admisión y comunicó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio de la acumulación de antecedentes.
El operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas dejó tres fallecidos: Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Después se abrió un proceso por supuesto terrorismo y varios de los investigados denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y persecución.
“Ha habido personas muertas, ha habido personas encarceladas, ha habido personas torturadas, ha habido personas que han salido al exilio y obviamente estos son hechos que tienen que investigarse”, sostuvo el procurador.
Consultado sobre las compensaciones económicas, León indicó que aún se revisa la documentación de las víctimas. “No todas las personas están en la misma situación”, afirmó, antes de explicar: “Hemos enviado cartas a todos pidiendo que se nos envíe la documentación porque es poca la documentación que ha quedado en la Procuraduría”.
En el ámbito penal, la Fiscalía realizó el martes 13 de octubre una inspección en el hotel. Saucedo informó además de una citación al exgobernador Rubén Costas para declarar como testigo y de nuevas gestiones para obtener documentos de antiguas autoridades judiciales.
Juicio internacional
El caso Hotel Las Américas también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bajo la denominación Tadic Astorga y otros vs. Bolivia, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un informe de fondo que estableció vulneraciones a los derechos humanos y formuló cuatro recomendaciones al Estado boliviano. Estas incluyen la reparación integral de las víctimas, atención médica y psicológica, una investigación penal efectiva y garantías para evitar la repetición de hechos similares.
El inicio de las audiencias estaba previsto para septiembre de 2026, durante el 195.º período ordinario de sesiones de la Corte IDH, en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, la entidad internacional postergó las actuaciones sin establecer una nueva fecha. La Procuraduría General del Estado informó que el caso fue remitido a la Corte debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH durante anteriores gestiones gubernamentales.
