La decana saliente del Tribunal Supremo de Justicia afirma que el presupuesto sigue siendo insuficiente. Pide financiamiento garantizado en la Constitución, explica por qué dejará la representación institucional y exige respuestas por el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure.
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“Lo que teníamos presupuestado para papel para todo el año se nos acabó en medio año por las subidas que existieron”, contó en una entrevista con Influyentes, de EL DEBER. Añadió que el encarecimiento también afectó la compra de tóneres, las reparaciones y otros gastos de funcionamiento.
Cuando se le consutó si el reclamo presupuestario había sido atendido, respondió sin rodeos: “No nos han escuchado”.
El balance de Ruiz combina la defensa de lo realizado con una frustración que atraviesa su relato: buena parte del esfuerzo institucional se consumió en conseguir dinero para trabajar.
“Mire, sin dinero usted no puede avanzar. Lastimosamente, no son dineros que pedimos para aumentarnos nuestros salarios, sino para darle mejor acceso a la justicia a toda la población boliviana”, sostuvo.
Un presupuesto que no dependa de negociar con cada gobierno
Ruiz afirma que el Órgano Judicial dispone de una asignación del 0,35% del PIB y reclama que alcance el 5%, un monto que cifró en aproximadamente Bs 5.000 millones. Su pedido va más allá de aumentar una partida: propone que el financiamiento quede garantizado en la Constitución.
“Este presupuesto debiera de estar constitucionalizado, porque de otro modo no puede ser que el Órgano Judicial tenga que estar luchando en cada gobierno de turno que ingresa”, manifestó.
Para la magistrada, esa negociación recurrente compromete una condición esencial de la justicia: su independencia. Si los tribunales dependen económicamente de decisiones del Ejecutivo, explicó, también se instala la sospecha de que sus fallos puedan favorecer al poder político.
“Es tan importante para un Estado democrático de derecho tener un órgano independiente que le va a permitir a la población tener esa confianza que necesita”, afirmó.
La discusión ocurre mientras se prepara el presupuesto de 2027. Ruiz informó que ambas cámaras legislativas habían aprobado una ley para permitir el uso de recursos propios acumulados del Órgano Judicial y que esperaban su promulgación.
Ese dinero ofrecería margen para atender necesidades inmediatas, pero no resolvería el financiamiento de los años siguientes.
“Eso nos va a dar un alivio, pero es un alivio muy corto”, advirtió.
La diferencia es decisiva en su planteamiento: disponer de fondos acumulados permite cubrir gastos durante un periodo; contar con una asignación estable permitiría planificar personal, equipamiento y mejoras sin volver a empezar la negociación cada año.
Dos años buscando recursos para poner en marcha los cambios
Ruiz recuerda que las dificultades aparecieron desde el inicio de la gestión. Según relató, encontraron una partida sin recursos para contratar personal y debieron dedicar más de seis meses a buscar financiamiento.
“Imagínese tener que abocarnos más de medio año en buscar un presupuesto para poder contratar y dar marcha a lo que es la administración de justicia”, señaló.
Cuestionó esa previsión de las anteriores autoridades y aseguró que condicionó el trabajo de los nuevos magistrados.
Entre las iniciativas impulsadas mencionó un sistema de seguimiento de causas, cuya implementación, según explicó, solo pudo concretarse en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca por falta de recursos para extenderlo al resto del país.
La herramienta forma parte de una apuesta por hacer más visible el funcionamiento judicial. Ruiz plantea que la ciudadanía pueda consultar sus procesos y seguir audiencias desde un teléfono, con menos barreras para conocer qué sucede en los tribunales.
Pero el problema de la confianza también pasa por quienes administran justicia. La magistrada reconoció el impacto de los recientes hechos de corrupción y aseguró que han pedido a los jueces actuar con “total idoneidad y transparencia”.
“Nosotros estamos sumamente alarmados con todos los últimos hechos que han acontecido”, expresó.
En su evaluación, la transparencia y la independencia fueron dos frentes centrales de estos años. También mencionó los proyectos de ley presentados para conseguir recursos y sostener las mejoras pendientes.
Por qué Ruiz y Saucedo dejan la conducción
El cierre de esta etapa no significa que Ruiz y Rómer Saucedo abandonen el Tribunal Supremo de Justicia. Dejarán las funciones de representación institucional y continuarán como magistrados, según explicó la decana saliente.
Ruiz atribuyó la decisión a acuerdos alcanzados en Sala Plena para permitir la alternancia. Aseguró que Saucedo podía permanecer un año más en la Presidencia, pero decidió dar paso a otro magistrado.
En su caso, sostuvo que la decanatura no tenía un periodo equivalente y que, por su antigüedad profesional, podía ejercerla durante los seis años de gestión.
“Sin embargo, igual considero que debe haber alternancia y rotación”, dijo.
También habló del desgaste de combinar la representación institucional con el despacho de expedientes. Durante su decanatura continuó a cargo de una sala social, contenciosa y administrativa.
“Es cansador llevar adelante una sala, despachar las causas y al mismo tiempo representar al Órgano Judicial”, reconoció.
La nueva directiva asumirá el 4 de enero. Ruiz anunció que seguirá trabajando desde una sala especializada y acompañará a las autoridades entrantes.
“Lo demás, las luchas son de todos porque somos una sala colegiada donde todos participamos”, sostuvo.
El asesinato de Claure, una respuesta todavía pendiente
Al final de la entrevista, la conversación dejó las cuentas institucionales y volvió sobre una herida que, según Ruiz, mantiene afectados a los magistrados: el asesinato de Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental.
Claure fue asesinado a balazos la noche del 30 de abril de 2026 en Santa Cruz de la Sierra. Según la información policial publicada entonces, fue interceptado cuando circulaba en su vehículo por inmediaciones de la avenida Busch y el cuarto anillo. Uno de los atacantes se aproximó y disparó antes de escapar en una motocicleta.
Ruiz contó que la víspera de la entrevista había participado en una reunión con altos mandos policiales. Allí reclamó resultados que permitan conocer qué ocurrió y quiénes estuvieron detrás del crimen.
“Queremos una investigación certera que nos dé la certidumbre a todos los magistrados: cuál fue el móvil y quiénes fueron los asesinos”, manifestó.
El asesinato también cambió su vida cotidiana. Durante la conversación, recordó que antes podía caminar tranquila cuando regresaba a Tarija y que después necesitó protección.
“Realmente hemos quedado nosotros muy afectados con ese asesinato”, respondió.
Ruiz dejará la decanatura con dos reclamos abiertos: recursos para administrar justicia y respuestas por el crimen de un colega. Sobre este último, insistió: “Seguimos exigiendo que tanto Policía como Ministerio Público nos puedan dar una respuesta al respecto”.
