La propuesta también contempla un periodo de reflexión de 15 días y la creación de un sistema nacional de cuidados paliativos gratuitos. El diputado Diego Brañez espera que la Comisión de Constitución emita un informe antes de finalizar octubre.
Imagen refencial/ Archivo
Fuente: Brújula Digital
El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia plantea que las personas que soliciten el procedimiento cuenten con un diagnóstico confirmado por dos médicos especialistas independientes, además de una evaluación psicológica o psiquiátrica que verifique su capacidad para tomar la decisión y descarte posibles presiones externas.
El diputado Diego Brañez, proyectista de la iniciativa, informó que la propuesta se encuentra en proceso de elaboración de informe en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Espera que sea tratada antes de finalizar octubre, cuando está previsto el cambio de directivas de las comisiones legislativas.
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El legislador explicó que la propuesta prioriza la creación de un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos gratuitos y de calidad, bajo la dirección del Ministerio de Salud. Según indicó, la eutanasia se consideraría únicamente después de ofrecer las alternativas paliativas disponibles y si persiste la decisión libre del paciente.
Entre los requisitos establecidos en el proyecto figuran ser mayor de edad, tener nacionalidad boliviana o residencia legal ininterrumpida superior a 12 meses y contar con capacidad para expresar una voluntad libre e informada. La propuesta excluye a los menores de edad y establece que la discapacidad, la edad avanzada o la dependencia no son, por sí solas, motivos suficientes para acceder al procedimiento.
La diputada Cecilia Vargas consideró que antes de avanzar en la regulación de la eutanasia es necesario verificar si el sistema de salud garantiza efectivamente los cuidados paliativos. Señaló que existen pacientes que no reciben la atención suficiente y sostuvo que el debate debe considerar tanto el derecho a una muerte digna como las condiciones para garantizar una vida digna.
“Si no hemos usado todas las herramientas para que ese paciente pueda tener una mejor calidad posible de vida, entonces es una opción que se plantea en otros países”, afirmó. También señaló que se trata de un tema complejo que involucra aspectos médicos, religiosos y personales, además de la objeción de conciencia de los profesionales de salud.
El texto también contempla un periodo mínimo de 15 días para ratificar por escrito la solicitud, con una posible reducción excepcional por motivos clínicos debidamente fundamentados. Además, prevé la evaluación de un comité interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud y la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento antes de la administración de los fármacos.
La iniciativa propone modificar el artículo 257 del Código Penal, referido al homicidio piadoso, para eximir de responsabilidad penal, civil y administrativa al personal de salud que participe en el procedimiento y cumpla estrictamente las condiciones establecidas por la futura norma.
Brañez sostuvo que, hasta el momento, no recibió señales de rechazo dentro de la comisión ni de las diferentes bancadas, aunque el proyecto todavía no cuenta con una aprobación formal. Una vez que la comisión emita su informe, la propuesta deberá pasar al pleno de la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
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