La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió este viernes su política de «mano dura» contra el crimen inspirada en su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionado por abusos cometidos durante su guerra antipandillas. Costa Rica contempla mayor coordinación con Estados Unidos y El Salvador.
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Una de las primeras acciones de la presidenta Fernández tras llegar este viernes a El Salvador fue visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas y al que Fernández describió como un «monumento a la justicia».
La mandataria afirmó que combatir el crimen con «mano dura» no implica «renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo».
Durante una conferencia de prensa junto a Bukele, la mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador.
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Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está «cerca» de convertirse en ley.
Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta su homóloga para impulsar esos cambios y dijo que existe «mucha oposición» a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado.
La mandataria acusó al Poder Judicial costarricense de permitir la liberación de delincuentes, una problemática que describió como «un elefante metido en una cristalería».
Derechos humanos
Sin embargo, opositores y activistas costarricenses cuestionan que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las de El Salvador.
Expertos de Naciones Unidas han advertido que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 son inocentes y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia estatal.
La visita de Fernández incluyó la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.
