El Memorándum de 1904 dejó una lección que conserva vigencia: Santa Cruz no puede limitarse a reclamar atención del poder central; debe construir propuestas para decidir su propio futuro. Más de un siglo después, esa convicción sigue planteando una pregunta esencial: ¿de qué sirve la autonomía si no se traduce en mayor capacidad de decisión, instituciones sólidas y soluciones concretas para la ciudadanía?
La autonomía no es el destino; es el camino. No consiste únicamente en administrar competencias y recursos, sino en transformar la relación entre el Estado y los territorios. Significa acercar las decisiones a la realidad de la gente, asumir responsabilidades y construir instituciones capaces de responder a las necesidades de cada departamento.
Desde esa perspectiva debe entenderse la propuesta de que las Asambleas Legislativas Departamentales participen en la selección y elección de los fiscales departamentales. No se trata de modificar unilateralmente la Ley N.º 260 ni de subordinar la Fiscalía a intereses políticos. Se trata de impulsar una ley nacional de iniciativa departamental que permita incorporar la participación territorial, con reglas claras, transparencia, evaluación objetiva de méritos y garantías de independencia funcional.
El diseño debe ser responsable: la Asamblea Departamental podría convocar, evaluar y elegir conforme al procedimiento legal que se establezca, mientras el Fiscal General formalizaría la designación dentro de sus atribuciones. La propuesta debe preservar la unidad y jerarquía del Ministerio Público, así como impedir que la autoridad elegida reciba instrucciones políticas o sea removida por quienes participaron en su selección. La Constitución reconoce la autonomía funcional de la Fiscalía y deja a la ley la regulación de los fiscales departamentales; ese marco exige rigor jurídico, no improvisación.
El Estatuto Autonómico cruceño, aprobado en referéndum el 4 de mayo de 2008 (86% de votos), expresó una voluntad colectiva de avanzar hacia un gobierno con mayor capacidad de decisión. Aquella aspiración no puede permanecer congelada en la memoria de una jornada histórica. Debe convertirse en una agenda institucional que promueva reformas viables, amplíe responsabilidades y fortalezca la representación de Santa Cruz.
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Por eso, la Asamblea Legislativa Departamental debe proyectarse como un verdadero parlamento cruceño: capaz de legislar, fiscalizar, formular iniciativas nacionales y defenderlas ante las instancias correspondientes, sobretodo seleccionar, elegir y designar las máximas autoridades de la institucionalidad departamental. No para sustituir competencias ajenas, sino para ejercer plenamente las propias e impulsar los cambios que el desarrollo autonómico requiere.
La autonomía no se demuestra repitiendo su nombre, sino ampliando responsablemente sus resultados. El desafío es pasar de la reivindicación a la propuesta, del discurso a las instituciones y de la aspiración a las decisiones concretas.
Santa Cruz no necesita convertir la autonomía en una consigna permanente. Necesita convertirla en una práctica cotidiana de libertad, responsabilidad y buen gobierno. Porque la autonomía no es el destino: es el camino para decidir, con madurez y dentro de la Constitución, el futuro que queremos construir.
Carlos Pol Limpias, PhD. Abogado Constitucionalista
