La designación de José Armando Urioste como fiscal general interino abrió una esperanza de recuperación institucional, a pesar de que su gestión se limita a un máximo de noventa días.
La aprehensión de Roger Mariaca y otros funcionarios, investigados por presunta participación en una organización delincuencial que socapaba al narcotráfico, mostró la profundidad de la crisis. El país necesita que esa esperanza prospere.
Pero es un despropósito depositar en una sola persona una expectativa que desborda sus atribuciones. En ese breve plazo debe investigar delitos y reorganizar la institución. No podrá corregir por sí solo una corrupción que encuentra complicidades en el Estado y tolerancia colectiva. La justicia necesita autoridades independientes y también una sociedad que deje de justificar aquello que reclama que otros combatan.
Las primeras declaraciones de Urioste dejaron preguntas sobre su candidatura que debe aclarar. Su amplio respaldo parlamentario no lo dispensa de responder. Tampoco la recomendación presidencial de una lista en la que figuraba su nombre demuestra que está subordinado al Ejecutivo. Su independencia deberá acreditarse en sus decisiones, especialmente si las investigaciones alcanzan a personas cercanas al poder.
La controversia creció cuando el fiscal dijo en Trinidad: «No permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando». Luego se difundió la noticia de una investigación policial en curso sobre pagos que Mariaca habría realizado a periodistas para obtener cobertura favorable. Según esa información, intentó movilizarlos al momento de su detención. Se busca esclarecer qué comunicadores integraban esa posible red de respaldo mediático.
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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia exigió pruebas y recordó que las responsabilidades son personales. Tiene razón. Pero las responsabilidades individuales pueden producir un desprestigio colectivo. Cuando los casos se multiplican y el gremio los tolera, la desconfianza termina alcanzando también a quienes ejercen honestamente. Ocurre con los periodistas y con los abogados. Esa generalización es injusta, pero combatirla exige enfrentar las conductas que la alimentan.
La agremiación no sólo debe defender los intereses de sus miembros, sino ejercer una autorregulación que preserve la dignidad y la credibilidad de la profesión. No necesita esperar una condena penal para pronunciarse sobre una transgresión ética. La Justicia investiga el delito; el gremio examina la conducta ética.
Exigir pruebas es indispensable, pero obtenerlas suele ser difícil. Nadie compra una conciencia ni hace un negociado ante notario. Ni siquiera un contrato contesta todas las preguntas; acredita una relación comercial, pero no la integridad de lo contratado. Importa saber qué servicio se prestó. Una factura tampoco despeja la sospecha de que se compró respaldo editorial encubierto. La dificultad de obtener evidencias obliga a investigar con rigor, pero no justifica desatender indicios serios ni esperar que una sentencia resuelva lo que corresponde al terreno ético.
Una empresa periodística necesita ingresos. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre vender publicidad y cobrar por elogiar o denostar por encargo, especialmente cuando ese servicio se presenta como información u opinión independiente. Eso defrauda la confianza del público y la libertad de prensa pierde valor ante la sociedad cuando algunos la traicionan. Defenderla exige examinar esas conductas.
Esto alcanza a todos los gremios. Su legitimidad crece cuando protegen el ejercicio honesto de una profesión o actividad y vigilan a quienes comprometen su prestigio. La solidaridad gremial no puede desplazar la responsabilidad social ni convertirse en impunidad corporativa.
Debemos revisar a quiénes concedemos reconocimiento social. Los círculos de pertenencia, como fraternidades y clubes, no pueden volver indulgente nuestra mirada. Lo que censuraríamos en un desconocido no merece excusas porque su autor comparta nuestros vínculos. La amistad no vuelve aceptable una transgresión ni el dinero de procedencia cuestionable adquiere respetabilidad porque financie una fiesta o una obra benéfica.
No se trata de condenar por rumores. Una sospecha puede destruir una reputación y debe distinguirse de los hechos que merecen investigación. Pero tampoco podemos fingir que desconocemos ciertas prácticas que vemos y que justificamos porque sus protagonistas son de nuestro círculo.
Urioste tiene responsabilidades indelegables. Debe precisar sus denuncias, responder por su labor y asegurar que las suplencias departamentales estén sometidas a controles efectivos, mientras se selecciona con rigor a los futuros titulares. Merece la oportunidad de trabajar y ser juzgado por sus actos.
Pero el país no puede delegar su tarea en un fiscal ni en nadie. Mientras reclamemos honestidad a las autoridades y excusemos la deshonestidad de quienes comparten nuestros vínculos, la recuperación moral seguirá incompleta.
No podemos demandar cambios mientras nosotros toleramos lo que se debe combatir, ni encomendar a otros la gran tarea que es de todos: restablecer los valores morales y la ética en nuestra sociedad.
