La gobernadora en suplencia alertó sobre la presunta penetración del crimen organizado en instituciones estatales y exigió mano dura contra el sicariato, la corrupción y quienes protegen a los criminales.
«No son solamente cifras, son personas. Tenían madre, tenían hermanos, tenían una mesa a la que ya no van a volver (…) Detrás de cada uno de estos hechos hay una misma lógica. Rutas, dinero, armas, corrupción y mucho miedo e incertidumbre en la ciudadanía. Esto ya no es delincuencia común, esto es crimen organizado y desgraciadamente debo decir que el crimen organizado ha elegido a Santa Cruz como su lugar de operaciones«, manifestó.
La autoridad señaló que el crimen organizado ha tomado lugar en el departamento e incluso se refirió al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien vivió tranquilamente en la región durante años.
«Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y por eso precisamente el crimen la quiere, por sus carreteras, por su frontera, por su aeropuerto, por su dinero. Y lo grave es que no han venido a esconderse, han venido a instalarse y en muchos casos de manera absolutamente pública e impune (…) En Santa Cruz ahora mismo el sicariato campea. El narcotraficante más buscado del continente vivió años en Santa Cruz con su familia, jugaba fútbol con documentos falsos y aparecía en partidos televisados. En 2023 escapó de un operativo y, según han informado del propio gobierno, poco después le devolvieron sus bienes incautados. Hoy altas autoridades fiscales están investigadas por haber protegido esa red», apuntó.
Déficit de policías en Santa Cruz
Uno de los principales reclamos de la vicegobernadora estuvo dirigido a la distribución de efectivos policiales en el país. Según citó, Santa Cruz cuenta con poco más de 5.000 policías, pese a ser el departamento más poblado de Bolivia, con cerca de cuatro millones de habitantes.
Aguirre comparó esa cifra con la de La Paz y señaló que, mientras en ese departamento existe un policía por cada 300 habitantes, en Santa Cruz la proporción es de uno por cada 600. “Nos faltan por lo menos 5.000 policías, señor ministro. 5.000 no es un capricho regional, es una deuda del Estado con el pueblo cruceño”, manifestó.
En ese sentido, pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, impulsar una redistribución de efectivos y establecer un plan de asignación progresiva y verificable. También le pidió equipamiento, vehículos e infraestructura para garantizar las condiciones de trabajo.
Aunque valoró el refuerzo policial anunciado para los próximos días, sostuvo que esa medida no es suficiente para cerrar la brecha ni para devolver la tranquilidad a la población.
Pide devolver al gobernador el mando de la Policía
Aguirre también cuestionó las limitaciones de la Gobernación en materia de seguridad ciudadana. Señaló que, pese a que el gobernador es elegido mediante voto popular y preside el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, no tiene atribuciones para disponer directamente patrullajes en el territorio.
«Lo digo sin titubeos. Queremos que el gobernador vuelva a ser el comandante general del departamento. Comandante para coordinar las fuerzas del orden cuando la vida de los cruceños está en riesgo. Comandante para disponer patrullajes, controles y operativos sin pedir permiso a nadie cuando el crimen golpea. Comandante para responder también con responsabilidad ante su pueblo con nombre y apellido, porque quien manda debe también rendir cuentas», señaló.
Según la autoridad, Santa Cruz necesita una instancia de decisión más cercana a la población para responder con rapidez ante los hechos delictivos y coordinar acciones contra las organizaciones criminales.
Aguirre aclaró que su propuesta no busca dividir a la Policía ni quitar al Ministerio de Gobierno la conducción nacional de la seguridad.
«No es un discurso regionalista ni tampoco compromete la unidad de mando. Es exactamente al revés. La policía seguirá siendo una sola institución nacional y el Ministerio de Gobierno conservará la conducción de la política de seguridad. Lo que pedimos es que en el territorio donde está el peligro haya autoridad con voz de mando que articule a todos«, argumentó.
Infiltración del crimen organizado
Durante su intervención, la vicegobernadora también alertó sobre la presunta protección institucional a organizaciones criminales y mencionó investigaciones relacionadas con el caso de Marset, quien vivió durante años en Santa Cruz con documentos falsos.
Asimismo, hizo referencia a investigaciones de la Policía brasileña sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial boliviano, entre ellas la desaparición de órdenes de aprehensión contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC).
«El crimen organizado ha penetrado la justicia en nuestras instituciones. Compró silencio, protección y impunidad. Cuando el que debe perseguir protege y el que debe ordenar un allanamiento lo niega, el ciudadano queda solo y un pueblo que se siente solo frente al crimen empieza a perder la fe en el Estado», indicó.
La gobernadora en suplencia remarcó que se debe luchar contra las organizaciones criminales y que esa lucha debe incluir a los funcionarios que han decidido proteger a dichas organizaciones. «Para erradicar el crimen de las calles primero hay que erradicar el crimen de las instituciones», sostuvo.
La autoridad aseguró que la Gobernación trabaja en la incorporación de tecnología e inteligencia para reforzar la seguridad, además de avanzar en la implementación de la Guardia Departamental y la aplicación de su estatuto autonómico.
«Que el crimen organizado sepa no se le dará refugio»
Por último, pidió que los policías que culminaron su formación asuman su labor con el respaldo de la población y aseguró que Santa Cruz no debe convertirse en un refugio para organizaciones criminales.
«El crimen organizado tiene mando, tiene jerarquía, tiene orden, tiene disciplina. No espera ni pide permiso, no respeta jurisdicciones ni competencias. El Estado no puede responder ante el crimen con un mando disperso y con autoridades sin poder de decisión. Que los policías que hoy egresan sepan que tienen detrás de un departamento entero, que las familias de San Matías, de Yapacaní, del Warnes, de El Torno sepan que sus muertos no serán una estadística más y que el crimen sepa que en el departamento de Santa Cruz no va a seguir encontrando refugio. Va a encontrar autoridad y va a encontrar mando«, finalizó.
