La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) informó que su reclamo ante la Comunidad Andina (CAN) continúa en trámite y anunció que presentará un recurso de reconsideración, acompañado de documentación y pruebas, frente a versiones sobre un supuesto archivo definitivo del expediente. La empresa cuestiona el proceso judicial que permitió a FANCESA activar el cobro coactivo de Bs 744,3 millones por competencia desleal.
SOBOCE CUESTIONA EL PROCESO JUDICIAL
Fuente: https://www.erbol.com.bo
La cementera sostiene que su reclamo internacional se refiere a un presunto incumplimiento de las normas andinas sobre trato nacional y a una vulneración de la seguridad jurídica en Bolivia. Según su posición, estos aspectos no están en discusión en los procedimientos que se tramitan ante los tribunales bolivianos.
SOBOCE también argumenta que las normas de la Comunidad Andina tienen supremacía sobre las leyes procesales internas y que, por ese motivo, la justicia boliviana debería suspender la ejecución del cobro hasta que la jurisdicción comunitaria resuelva la controversia.
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FANCESA ACTIVA EL COBRO DE BS 744,3 MILLONES
El pronunciamiento de SOBOCE se conoce después de que la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) presentara un memorial ante la justicia para iniciar medidas de cobro coactivo por Bs 744,3 millones, monto derivado de un proceso por competencia desleal que se prolongó durante más de 15 años.
El abogado externo de FANCESA, Paul Tolavi, informó que el plazo para el pago voluntario venció el 16 de octubre. Por ello, desde el 19 de octubre correspondía avanzar con las acciones legales para recuperar los recursos.
Entre las medidas que FANCESA analiza figuran el congelamiento de cuentas bancarias y el embargo de bienes, además de otros mecanismos previstos para garantizar el cobro.
DOS POSICIONES EN UNA DISPUTA JUDICIAL
Mientras FANCESA busca ejecutar el pago establecido en el proceso judicial boliviano, SOBOCE sostiene que su reclamo ante la CAN debe ser considerado antes de cualquier medida de ejecución.
La presentación de una reconsideración, anunciada por la cementera, no significa por sí misma que el cobro haya sido suspendido. La situación dependerá de las decisiones que adopten las instancias judiciales competentes.
