Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Fiscalía realiza microaspirados a dos vehículos del caso Mariaca para detectar posibles rastros de sustancias controladas. El Senado aprueba los ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y la Policía. Naciones Unidas brindará asistencia técnica para la reforma judicial. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
La Policía intervino en dependencias de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) después de que el Ministerio de Salud presentara una denuncia por presuntos cobros ilegales. Según la diputada Cecilia Vargas, algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar un porcentaje de sus salarios para conservar sus puestos de trabajo. El Ministerio de Salud informó que activó los mecanismos institucionales y coordinó acciones con las instancias competentes para investigar las denuncias. También aseguró que no encubrirá a ninguna autoridad ni funcionario involucrado y que protegerá la identidad de quienes aporten información, así como su estabilidad laboral frente a posibles represalias. Durante el operativo, los policías precintaron oficinas y se llevaron documentación, teléfonos celulares y computadoras.
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La Fiscalía realizó microaspirados a dos vehículos vinculados al exfiscal general Roger Mariaca, en los que anteriormente se encontraron armas y municiones. El fiscal de materia de Chuquisaca, Daniel Cruz, informó que las diligencias concluyeron y que los resultados periciales estarían disponibles hasta el lunes, a más tardar, para establecer si existen rastros de sustancias controladas en los motorizados. La autoridad explicó que el armamento hallado en uno de los vehículos permanecía secuestrado por razones de seguridad y que se dispuso su traslado al área de custodia de evidencias. También indicó que se verificará si las armas corresponden a la dotación reglamentaria de los custodios policiales de Mariaca. La investigación incluye presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y tenencia y portación de armas.
El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, ofreció garantías de seguridad a una legisladora que, según el empresario y político Samuel Doria Medina, le habría proporcionado información sobre supuestas vinculaciones de funcionarios del Gobierno con el narcotráfico. La identidad de la parlamentaria no fue revelada. Badani pidió a Doria Medina que identifique a los funcionarios a los que se refiere, para que sus declaraciones puedan ser investigadas y no queden en afirmaciones generales. Doria Medina había señalado que durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo se cobraban $us 50.000 por cada avioneta que transportaba 500 kilos de cocaína y que, presuntamente, durante la actual administración la tarifa habría subido a entre $us 70.000 y $us 80.000.
La Cámara de Senadores aprobó, en sesión reservada, las listas de ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. La vicepresidenta del Senado, Soledad Chapetón, informó que la votación se realizó después de revisar los nombres propuestos por ambas instituciones a través del Gobierno y recibir la complementación del informe de la comisión correspondiente. Según la legisladora, el trámite se había demorado por denuncias y observaciones que debían ser atendidas antes de proceder con la aprobación. Las listas fueron devueltas al Ejecutivo para que se realice la imposición de los grados. En el caso de la Policía, la aprobación se produce mientras la institución está bajo el mando interino del coronel Adrián Álvarez, después de la renuncia del general Mirko Sokol. La votación contó con más de dos tercios de los senadores presentes.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, confirmó que Bolivia recibirá apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de otros mecanismos regionales para avanzar en la reforma judicial. El anuncio fue realizado después de su participación en el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá. Aramayo explicó que la asistencia estará a disposición de los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de facilitar el trabajo requerido para transformar la administración de justicia. Sin embargo, aclaró que todavía no es posible precisar el monto de los recursos financieros que se recibirán. Primero se deben establecer, entre los distintos poderes del Estado, los requerimientos aproximados para llevar adelante la reforma.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, remitió a la Comisión de Justicia Plural el proyecto de ley para elegir al Fiscal General del Estado, presentado por el diputado de la alianza Libre, Rafael López. La propuesta se denomina “Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado”. El proyecto busca establecer el procedimiento para la elección de la autoridad titular del Ministerio Público. El 3 de octubre, la Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste como fiscal general interino por 90 días. La propuesta contempla nueve requisitos comunes, entre ellos no tener sentencia ejecutoriada y hablar al menos dos idiomas. Además, carecer de militancia política, contar con al menos ocho años de experiencia profesional y no haber patrocinado a personas declaradas culpables de delitos.
Las bancadas de Alianza Libre y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encaminan divididas a la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados. En el PDC, una facción respalda la repostulación del actual presidente de la Cámara, Roberto Castro, mientras otros legisladores plantean renovar la conducción. En Alianza Libre, la disputa se refleja en la elección de dos jefes de bancada: Lissa Claros recibió el respaldo de los diputados afines al expresidente Jorge Quiroga, mientras Rafael López cuenta con el apoyo del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Movimiento Social Demócrata (MSD). Las diferencias se producen cuando se acerca el cierre de la legislatura 2025-2026 y las organizaciones políticas comienzan a definir sus apoyos para la conformación de la nueva directiva camaral.
Los sectores afines al expresidente Evo Morales preparan movilizaciones escalonadas contra las medidas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, después de suspender la marcha nacional que habían anunciado. El dirigente Aquilardo Caricari informó que las organizaciones sociales continúan coordinando una convocatoria conjunta y que la nueva fecha de la movilización nacional dependerá de las decisiones que adopten los sectores participantes. Como parte de las acciones previstas, anunció una marcha de protesta para este sábado 24 de octubre en el municipio de Aiquile, Cochabamba. Caricari descartó recurrir a bloqueos de caminos porque, según explicó, esa medida podría perjudicar todavía más la situación económica de distintos sectores, especialmente de los productores.
El canciller boliviano Héctor Huanca y los embajadores de Paraguay, Enrique Guerrero, y de Uruguay, Fernando Marr, comenzaron a coordinar el próximo encuentro de cancilleres que servirá de preparación para una cumbre presidencial de Urupabol en Bolivia. La fecha y el lugar de la reunión de mandatarios todavía no están definidos. El bloque está integrado por Bolivia, Paraguay y Uruguay, cuyos presidentes —Rodrigo Paz, Santiago Peña y Yamandú Orsi— acordaron en Nueva York dar un nuevo impulso a la integración regional. Entre los objetivos está mejorar la logística y aprovechar la red portuaria vinculada a la Hidrovía Paraguay-Paraná. Para avanzar en esa agenda, las partes prevén una reunión ministerial sectorial en Asunción y la reactivación de los órganos de gobernanza del sistema fluvial.
El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que Bolivia necesita cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional, en un contexto de aumento de la criminalidad y los hechos de violencia, principalmente en Santa Cruz. Romero sostuvo que el país se ha convertido en un punto de confluencia para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, oro, mercurio y pasta base de cocaína. A su juicio, las organizaciones criminales disputan territorios estratégicos, rutas y centros de producción, por lo que la respuesta debe ir más allá del despliegue de efectivos policiales. Planteó operaciones basadas en inteligencia y contrainteligencia, supervisión extranjera y coordinación en las zonas fronterizas. Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se trabaja con cooperación internacional.