El Gobierno lanzó Frontera Segura 2.0 con 230 efectivos —el 4,6% de la demanda regional— y prometió nuevos contingentes cada 45 días. La Gobernación demanda recursos, equipamiento y capacidad de decisión. Ayer, hubo otra reunión de evaluación.
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“Faltan por lo menos 5.000 policías, señor ministro”, reclamó la gobernadora en ejercicio, Paola Aguirre en la plaza 24 de Septiembre. Aguirre cifró en casi 13.000 las denuncias por delitos graves en seis meses, a razón de más de 70 por día. Afirmó que Santa Cruz tiene casi cuatro millones de habitantes y, según sus datos, poco más de 5.000 uniformados, mientras La Paz cuenta, según dijo, con casi el doble. El comandante general, Adrián Álvarez, le respondió así: “La información que usted tiene es errada, no hay 5.000 policías en Santa Cruz”. Eso sí, el comandante no proporcionó la cifra oficial.
“No queremos continuar con esta realidad injusta de que la Gobernación tenga participación en seguridad ciudadana solo para cargarle combustible a las patrullas”, señaló. Aguirre propuso así devolver al gobernador la tuición del mando policial.
“Es una lucha autonómica, es un acto de justicia”. La semana pasada, el gobernador Juan Pablo Velasco ya había reclamado refuerzos, equipamiento y mayores atribuciones regionales.
Personal policial
En todo caso, el general Álvarez sostuvo que “los 230 policías que hoy presentamos a nuestra población van a generar presencia y mayores niveles de seguridad” y agregó: “Vamos a remitir de manera permanente, cada 45 días, un nuevo contingente”, sin indicar cuántos agentes integrarán en cada uno de esos envíos.
Según el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, del total anunciado, 100 se destinarán a seguridad ciudadana y 130 a combatir el crimen organizado.
La estrategia prevé presencia estatal y control territorial en Santa Cruz, Beni y Pando, en coordinación con las Fuerzas Armadas. La presentación de estos cuadros coincidió ayer con la clausura de un curso especializado en redes criminales internacionales y narcoterrorismo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que existen limitaciones de personal. “Es justo reconocer eso, pero lo hemos ido incrementando poco a poco de acuerdo a lo que da el presupuesto”. También anunció gestiones con cooperación estadounidense para establecer unidades policiales de élite en poblaciones de Santa Cruz y Beni.
El plan se lanzó después de que dos ciudadanos brasileños fueran acribillados el martes 20 en una vivienda de Valle Sánchez, Warnes, y del hallazgo de otro cadáver en La Guardia. Días antes, el domingo 11 de octubre, hombres armados irrumpieron en una joyería de un centro comercial; dispararon y huyeron en motocicletas con piezas robadas. La ola violenta ha intensificado la demanda de seguridad.
El escenario de violencia se agravó, según las autoridades, tras la captura y expulsión a Estados Unidos del uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo. A ello se sumó la detención preventiva del exfiscal general Róger Mariaca el 3 de octubre, investigado por protección al narcotráfico. Oviedo aseguró que su gestión expulsó a integrantes extranjeros de redes criminales y desarticuló una estructura dentro del Ministerio Público. “No vamos a parar”, dijo, y advirtió a jueces y fiscales que pudieran encubrir esas organizaciones. La Unodc también ha alertado sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones del país.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamen’ Saavedra, comprometió recursos del IDH. “De nada sirve un policía sin equipo, sin condiciones de dar seguridad”, expresó. Pidió actuar también contra los robos cotidianos y destacó los operativos en ‘los cachis’.
En la Asamblea Departamental, el secretario del ente legislativo Luis Alberto Ruiz había solicitado más agentes especializados en inteligencia, controles a motocicletas sin placas que representan un riesgo, según precisó, y canales de denuncia frente al sicariato, además de otros delitos.
