Santa Cruz necesita menos burocracia, más capacidad de decisión y una respuesta inmediata frente al sicariato.
Cuando el sicariato convierte las calles en escenarios de muerte, los atracos armados irrumpen en espacios públicos y la inseguridad comienza a condicionar la vida cotidiana, el Estado no puede permitirse responder con la lentitud de sus propios procedimientos. Porque mientras la burocracia delibera, la delincuencia actúa; y mientras las instituciones discuten competencias, las familias viven con miedo.
El debate sobre la modificación de la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no es, por tanto, una simple discusión administrativa. Es una oportunidad para repensar la relación entre autonomía, responsabilidad pública y protección de la vida. La reciente ola de violencia en Santa Cruz exige decisiones inmediatas, coordinación efectiva y una estructura institucional capaz de responder donde ocurren los delitos.
¿Quién conoce mejor las urgencias de un departamento que la autoridad que recorre su territorio, escucha a sus habitantes y puede presentarse en el lugar de una emergencia sin esperar instrucciones desde cientos de kilómetros? La presencia del gobernador Juan Pablo Velasco ante el atraco ocurrido en Patio Design simboliza precisamente esa proximidad: estar donde la ciudadanía necesita respuestas, no únicamente donde las instituciones celebran reuniones.
Sin embargo, la cercanía territorial debe traducirse en capacidad efectiva de decisión. Aquí emerge una verdad autonómica fundamental: no puede exigirse responsabilidad política a una autoridad sin discutir seriamente las herramientas institucionales que necesita para cumplirla. Si los departamentos participan en la planificación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana, corresponde examinar si el modelo vigente permite actuar con la eficacia que demanda la realidad.
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La Ley N.º 264 ya reconoce responsabilidades departamentales concurrentes y atribuye al gobernador la presidencia del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana. El desafío consiste en profundizar esa participación y evaluar reformas legales que permitan una decisión territorial más directa, (Qué vuelva el Gobernador a ser comandante en las decisiones jerárquicas cómo era antes de Evo), con competencias, recursos y mecanismos de control claramente definidos.
Por supuesto, autonomía no significa improvisación ni desconocimiento de la Constitución. La Policía Boliviana mantiene un régimen constitucional de mando único, y la seguridad ciudadana es una competencia concurrente. Por ello, cualquier reforma debe armonizar la capacidad departamental de decisión con la Constitución Política del Estado.
Pero el respeto a la legalidad tampoco puede convertirse en excusa para perpetuar estructuras ineficientes. La autonomía debe servir para resolver problemas reales, no para decorar discursos institucionales.
Santa Cruz necesita más efectivos, inteligencia criminal, patrullajes estratégicos, equipamiento, coordinación con la Fiscalía y una distribución policial acorde con su extensión territorial y sus necesidades. Necesita, además, evaluar un modelo de conducción territorial que acerque las decisiones a quienes conocen el terreno, sin fragmentar la unidad constitucional de la Policía.
Profundizar nuestra autonomía también significa asumir el desafío de proteger la vida. Porque la libertad de una región pierde sentido cuando sus ciudadanos sienten que ni siquiera pueden transitar, trabajar o compartir con sus familias sin temor.
La pregunta ya no es ¿si debemos cambiar?. La pregunta es ¿cuánto tiempo más podemos esperar para hacerlo? Una autonomía que no se traduce en respuestas oportunas corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía.
Santa Cruz no necesita que las instituciones compitan por protagonismo mediático. Necesita que actúen, que decidan, coordinen y que rindan cuentas. Porque frente al crimen organizado, la demora institucional también tiene consecuencias.
La autonomía no es un privilegio territorial: es una responsabilidad con nuestra gente. Y cuando la vida está en peligro, gobernar significa actuar a tiempo.
Carlos A. Pol Limpias, PhD. Abogado Constitucionalista
