Antes de una nueva ley, el Gobierno debe rendir cuentas sobre la Ley 070. Una nación puede sobrevivir a una crisis económica, a un mal gobierno e incluso a una generación de políticos mediocres. Lo que difícilmente puede reparar es la formación deficiente de varias generaciones de ciudadanos. Por eso, la reforma educativa no es un asunto burocrático ni una disputa entre el Gobierno y el magisterio. Es una cuestión de futuro nacional.
El Gobierno anuncia una nueva ley educativa. Pero hay preguntas que no podemos dejar pasar: ¿dónde está el diagnóstico público de la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez? ¿Qué resultados produjo? ¿Qué objetivos fracasaron? ¿Qué conocimientos adquirieron nuestros estudiantes y cuáles no lograron desarrollar? ¿Quiénes dirigen las mesas de trabajo y quiénes están diseñando la reforma?
El Ministerio ha informado sobre reuniones, propuestas recibidas y una fase de diagnóstico. Sin embargo, mientras no dispongamos de un informe integral, publicado y susceptible de evaluación independiente, la ciudadanía no puede juzgar con fundamento qué se pretende corregir ni sobre qué evidencia se construirá la nueva ley. ¡Publicar el diagnóstico no es una concesión del Gobierno: es una exigencia de responsabilidad pública!
Tampoco podemos entregar la formación de nuestros hijos a una comisión cuya composición, competencias y fundamentos de trabajo no sean conocidos con claridad. ¿Dónde están los especialistas en matemáticas, física, química, biología, economía, filosofía, historia, lenguas y tecnología? ¿Quiénes conocen los problemas reales de la enseñanza? ¿Qué investigaciones respaldan sus propuestas? No cuestionamos a personas por su procedencia; exigimos que se conozcan sus capacidades, sus responsabilidades y los fundamentos de sus decisiones.
La educación no debe fabricar individuos condenados a repetir consignas ni ciudadanos que expliquen toda dificultad por la opresión de otros. Debe formar hombres y mujeres libres, capaces de pensar por sí mismos, discutir una idea, reconocer un error y responder por sus actos. La libertad intelectual comienza cuando dejamos de aceptar que alguien piense en nuestro lugar.
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Por eso, necesitamos una educación que priorice las matemáticas, las ciencias, la tecnología, la filosofía, la historia y las lenguas extranjeras desde edades tempranas, con métodos adecuados a cada nivel. Debemos conocer las culturas de Bolivia y del mundo, sin encerrar a los estudiantes en una identidad territorial o étnica. La escuela debe ampliar el horizonte de cada ciudadano, no asignarle de antemano los límites de su conocimiento.
No se trata de borrar la historia colonial, negar las desigualdades ni prohibir el estudio del imperialismo o del capitalismo. Se trata de enseñar a examinarlos con argumentos, documentos y rigor, en vez de convertir una interpretación ideológica en la respuesta obligatoria. Una escuela que prescribe conclusiones debilita el juicio; una escuela que enseña a investigar lo fortalece.
Exigimos tres decisiones inmediatas: primero, publicar el diagnóstico completo de la Ley 070, sus fuentes, resultados y limitaciones; segundo, identificar a los responsables técnicos de la reforma y hacer públicos sus fundamentos; tercero, abrir un debate nacional antes de presentar el proyecto definitivo a la Asamblea Legislativa, con tiempo suficiente para que universidades, maestros, especialistas, familias y ciudadanos puedan examinarlo.
No aceptamos que, después de años de vigencia de una ley, otra sea elaborada con premura y aprobada sin deliberación suficiente. Los parlamentarios no deben limitarse a levantar la mano ante un documento que la sociedad apenas conoce.
¡El futuro intelectual de Bolivia no puede cocinarse a puertas cerradas! Antes de cambiar la ley, rindan cuentas. Antes de legislar, debatan. Antes de decidir por nuestros hijos, permitan que la sociedad conozca y discuta lo que se propone enseñarles. Porque una reforma educativa puede llevar la firma de un gobierno, pero sus consecuencias las cargarán generaciones enteras.
Fernando Untoja
