El Departamento de Estado de EEUU publicó el jueves una nueva lista de personas sujetas a restricciones de visas ante presuntos nexos con corrupción o narcotráfico. Desde el Gobierno señalaron que no habrá protección
Lanchipa, Porras, Mariaca, Rojas y Zeballos figuran entre los exfiscales vetados por EEUU. Los últimos tres están detenidos
Fuente: UNITEL
Al menos ocho exfiscales figuran en las dos listas de ciudadanos bolivianos con visas restringidas por Estados Unidos, de los cuales cuatro están con detención preventiva: el exfiscal general Roger Mariaca, el exfiscal superior Martín Daniel Irusta, el exfiscal Armando Rojas y el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
La nómina más reciente, que incluye a 15 ciudadanos, vuelve a poner bajo escrutinio a antiguos funcionarios del Ministerio Público, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz señala que no protegerá a nadie.
La segunda lista incorpora a Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado; Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni; Julio César Porras, exfiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Armando Rojas, excoordinador de fiscales de La Paz.
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Mientras que en la primera nómina aparece Álvaro Mauricio Nava Morales, exfiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, además de los detenidos Mariaca, Zaballos e Irusta, de acuerdo con la información reflejada por el departamento de Estado de EEUU, desde donde advierten que estas personas tienen supuestos nexos con el narcotrafico y la corrupción.
El mensaje de EEUU
Al respecto, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sostuvo que la rendición de cuentas es necesaria para proteger la estabilidad regional y señaló que la medida también apunta a apoyar acciones contra la corrupción en Bolivia, así como en Colombia.
“Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la Policía y los órganos legislativos”, publicó Segura en X.
El Gobierno de EEUU ratificó, además, su respaldo al Gobierno boliviano para eliminar la influencia criminal en los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo, tomando en cuenta que la medida alcanza no solo exfuncionarios de la Fiscalía, sino también a esferas del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ejecutivo.
Respuesta del Gobierno boliviano
En el ámbito nacional, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la administración de Rodrigo Paz no ofrecerá protección ni blindaje a ninguna de las personas incluidas en la lista, mostrando sintonía con la necesidad de combatir las estructuras criminales transnacionales.
“La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, sostuvo el vocero al resaltar que las autoridades y exautoridades mencionadas deberán responder ante la justicia si existen elementos que justifiquen procesos.
Por su parte, el fiscal general del Estado, José Urioste, informó que Julio César Porras y Félix Balderas fueron desvinculados del Ministerio Público el pasado 20 de octubre, antes de que la lista de EEUU saliera a la luz.
“Se ha agradecido los servicios de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”, informó Urioste, quien explicó que la Fiscalía evaluará los antecedentes de las personas que corresponda investigar. “Todas las personas que tengan que ser investigadas van a ser investigadas, conforme a los antecedentes que tenemos en Bolivia”, agregó.
Fuente: UNITEL
