La investigación busca establecer si el exfiscal Roger Mariaca recibió el dispositivo a cambio de beneficios.
El exfiscal Roger Mariaca. Foto: BTV
Fuente: La Razón
El exfiscal general del Estado Roger Mariaca habría realizado llamadas a sus abogados y a otras personas desde su celda en el penal de Cantumarca, en Potosí.
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La Policía investiga si obtuvo el teléfono celular mediante presuntas dádivas al personal penitenciario.
El caso derivó en la aprehensión de cuatro policías, entre ellos el asesor jurídico del recinto penitenciario, identificado como Josué G.M.
Los implicados son investigados por el delito de uso indebido de influencias, según informó el fiscal general del Estado en ejercicio, José Armando Urioste.
La investigación comenzó el 22 de octubre de 2026, cuando el director del Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca recibió un informe de Inteligencia que alertaba sobre la presunta tenencia de un teléfono celular por parte de Mariaca.
De acuerdo con los antecedentes, una primera requisa no permitió encontrar el dispositivo.
Sin embargo, las entrevistas posteriores con los custodios condujeron a los investigadores hasta el asesor jurídico del penal, quien presuntamente habría facilitado su teléfono al privado de libertad.
El comandante departamental de la Policía de Potosí, Franklin Roger Villazón, cuestionó que un funcionario con esas responsabilidades hubiera ingresado al área de celdas con un aparato prohibido.
«No debería ingresar ni siquiera al área donde están los privados de libertad, peor aún ingresar a una celda», afirmó en entrevista con Red Uno.
Villazón explicó que la revisión del dispositivo permitió identificar llamadas a los abogados de Mariaca. También señaló que existen indicios de otras comunicaciones con personas de distintos puntos del país, por lo que la Policía amplía las verificaciones.
«Ha burlado a los custodios, ha ingresado portando el celular y se ha podido determinar en la revisión que se ha hecho a este dispositivo que evidentemente existía llamadas a los abogados de Roger Mariaca, pero también se viene trabajando porque se presume que ha realizado llamadas a otras personas en diferentes partes del país», indicó el jefe policial.
Ante estos hallazgos, los investigadores decomisaron los teléfonos celulares de los uniformados sospechosos para establecer si otros funcionarios participaron en los hechos.
Villazón recordó que los custodios deben cumplir los protocolos de seguridad para impedir el ingreso de dispositivos y otros objetos prohibidos al sector de los internos.
Investigan presuntas dádivas
El Ministerio Público y la Policía indagan si Mariaca ofreció beneficios o dádivas a funcionarios penitenciarios para acceder al teléfono. Por el momento, esta posibilidad constituye una hipótesis investigativa que deberá ser corroborada con elementos de prueba.
«La hipótesis de la Policía, por informe de Inteligencia, da cuenta que hubiese habido un ilícito de por medio, algún compromiso ilícito, dádivas», señaló el fiscal asignado al caso.
Urioste confirmó que la denuncia presentada en el penal derivó en la aprehensión de cuatro policías: Darwin O.H.CH., César E.S.Y., Noé G.F. y Josué G.M., este último identificado como asesor jurídico del recinto penitenciario.
El fiscal general en ejercicio sostuvo que las indagaciones apuntan a establecer si el acceso al celular permitió al exfiscal general mantener contactos externos que pudieran interferir en el proceso que enfrenta.
«Se ha podido evidenciar que efectivamente este privado de libertad estaba comunicándose con gente del exterior, realizando tráfico de influencias, lo cual implica que de alguna manera se está protegiendo a una persona que se encuentra con detención preventiva», afirmó Urioste.
El caso permanece en etapa preliminar. El Ministerio Público busca determinar el grado de participación de cada investigado y establecer si existieron otros involucrados en el ingreso del dispositivo o en las presuntas comunicaciones irregulares.
Los cuatro policías aprehendidos serán imputados y la Fiscalía solicitará medidas cautelares. La decisión sobre su situación jurídica corresponderá a la autoridad jurisdiccional.
Fuente: La Razón
