La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) respondió al requerimiento, pero cuestionó que se traslade a los pueblos indígenas la carga de demostrar hechos que vienen denunciando desde hace años ante distintas instituciones del Estado boliviano.
Manifestación pacífica en apoyo a los indígenas en Pando ante el Ministerio Público. Foto y video: CEJIS.
Fuente: Sumando Voces
CEJIS – ODPIB
La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Pando conminó a la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) a presentar, en 24 horas, estudios de laboratorio sobre contaminación por mercurio y otros metales en el río Madre de Dios, además de identificar a los dirigentes indígenas que suscribieron una resolución de emergencia y remitir documentación relacionada con una asamblea realizada en septiembre de este año. La organización respondió al requerimiento, pero cuestionó que se traslade a los pueblos indígenas la carga de demostrar hechos que vienen denunciando desde hace años ante distintas instituciones del Estado.
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En el marco de una reciente investigación penal por presunta explotación ilegal minera en el río Madre de Dios, el pedido incluyó: los estudios de cabello, sangre y orina elaborados por el CEDIB en 2023 y 2024; información detallada de los representantes indígenas que firmaron la Resolución de Asamblea de Emergencia N.° 1/2026; una copia legalizada de dicha resolución; informes sobre los lugares donde se habría producido explotación ilegal de minerales y contaminación por mercurio, plomo, zinc y arsénico; además de documentación sobre el retiro de balsas mineras de comunidades indígenas afectadas.
El requerimiento otorgaba 24 horas para presentar toda esta información bajo advertencia de consecuencias penales en caso de incumplimiento.
Pese al reducido plazo otorgado, la CIPOAP presentó el viernes 23 de octubre su respuesta formal ante el Ministerio Público. En el memorial, la organización ratificó su voluntad de colaborar con la investigación, pero cuestionó que se pretenda trasladar a los pueblos indígenas la responsabilidad de demostrar nuevamente una problemática que ya fue denunciada, documentada y puesta en conocimiento de distintas instituciones estatales y que incluso forma parte de procesos ante el Tribunal Agroambiental, entre ellos una Acción Ambiental Preventiva sobre el río Madre de Dios.
“No aceptamos que quienes hemos denunciado la minería ilegal terminemos siendo tratados como si fuéramos parte del problema”, señala un pronunciamiento público de la CIPOAP emitido este viernes al momento de responder al requerimiento fiscal. La organización afirmó que no se opone a las investigaciones sobre minería ilegal, pero rechazó la presión institucional sobre la dirigencia indígena.
La dirigencia indígena, a la cabeza de Javier Fernández, recordó que existe una acción ambiental preventiva sobre el río Madre de Dios admitida por el Tribunal Agroambiental, dentro de la cual se emitieron medidas precautorias y actuaciones de control relacionadas con actividades mineras. En ese contexto, la organización cuestiona que se pretenda trasladar a las organizaciones indígenas la responsabilidad de certificar qué operaciones son legales o ilegales, una atribución que consideran corresponde a entidades estatales como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Javier Fernández, dirigente indígena de la CIPOAP, presentando respuesta a la Fiscalía de Pando el viernes 23.
Preocupación por posible criminalización
Uno de los puntos que generó mayor preocupación en la organización es la solicitud de documentos emanados de sus propios espacios de decisión. La CIPOAP sostiene que las resoluciones y decisiones adoptadas en asambleas indígenas forman parte del ejercicio de sus derechos colectivos, de la jurisdicción indígena y de los mecanismos de defensa territorial reconocidos por la Constitución. Por ello demanda que cualquier requerimiento relacionado con sus estructuras organizativas sea fundamentado y se desarrolle en un marco de coordinación y respeto institucional.
La organización aclaró que entregará la información que se encuentre en su poder y que apoya una investigación seria sobre la minería ilegal, pero pidió que la relación con las autoridades indígenas se desarrolle mediante coordinación y cooperación institucional, y no bajo mecanismos que puedan ser entendidos como presión o amenaza.
Esta situación se produce en medio de la creciente conflictividad por la minería aurífera en el río Madre de Dios y otros ríos de la amazonía en Bolivia, donde comunidades indígenas y organizaciones territoriales han denunciado reiteradamente impactos ambientales vinculados a la actividad extractiva y al uso de mercurio en la explotación de oro. Luego de varios años de denuncias, la Fiscalía de Pando acaba de iniciar una investigación penal “de oficio” sobre explotación ilegal de recursos minerales.
Las organizaciones indígenas insisten en que la respuesta estatal debe concentrarse en investigar a los operadores mineros y fortalecer la coordinación institucional para la protección del territorio y del ambiente.
El pronunciamiento de la CIPOAP es el siguiente:
