Una comisión investigadora concluyó que autoridades rusas, junto con redes de intermediarios, captaron mediante engaños o coacción a ciudadanos de 29 países, incluido Bolivia. La Cancillería registró 34 solicitudes de asistencia consular.
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El hallazgo fue presentado ayer ante la Asamblea General de la ONU y supera la alerta difundida en septiembre. La comisión, presidida por Erik Møse e integrada por Pablo de Greiff y Vrinda Grover, examinó información sobre ciudadanos de 48 países y halló pruebas contundentes del mecanismo de reclutamiento en 29.
De acuerdo con el informe, agentes que se presentaban como empresas legales ofrecían trabajos civiles bien remunerados a hombres de bajos ingresos. Gestionaban pasajes, visas y documentos, y algunos incluso acompañaban a los viajeros. Al llegar a Rusia, varios fueron obligados a firmar contratos en ruso con el Ministerio de Defensa, sin entender que irían a combatir.
La comisión identificó un alto grado de coordinación entre los agentes y las autoridades rusas. Los reclutados eran trasladados al frente ucraniano para cumplir misiones peligrosas. Muchos murieron o desaparecieron; otros resultaron heridos, se rindieron o fueron capturados por fuerzas ucranianas. Sus familias quedaron sin información, mientras los intermediarios bloqueaban sus llamadas.
El informe distingue a los extranjeros incorporados voluntariamente de quienes fueron víctimas de engaño o amenazas. Estos últimos son víctimas de trata y no pueden ser calificados automáticamente como mercenarios. Quienes caen prisioneros tienen derecho a la protección que establece el derecho internacional humanitario.
En Bolivia, la Cancillería informó a EL DEBER que recibió 34 solicitudes de asistencia consular relacionadas con compatriotas vinculados a la guerra. El canciller Héctor Huanca explicó que se activaron gestiones ante Rusia y Ucrania para su ubicación, protección y desvinculación. “Cinco bolivianos fueron repatriados”, confirmó, aunque hay más trámites en curso que se manejan en el ámbito de la gestión diplomática.
Paralelamente, el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones por presunta trata de personas con fines de reclutamiento bélico en Santa Cruz, Tarija y Beni. Las causas alcanzan hasta 31 posibles víctimas, una cifra preliminar. “Ha habido un engaño. Se han aprovechado de la situación económica por la que atraviesan estas familias”, afirmó en su momento la fiscal Giovana Castro.
El caso cobró notoriedad en julio, cuando las familias de Iván Valdivia y José María Soleto instalaron en Santa Cruz un velatorio simbólico sin sus cuerpos, tras recibir versiones de sus muertes en combate. En Rincón de Palometas, otros allegados denunciaron ofertas de trabajo que terminaron en destinos militares. En septiembre, un joven regresó por Viru Viru con asistencia consular, tras haber viajado para antener una propuesta laboral, precisamente al territorio de la Federación Rusa.
El hallazgo contrasta con la postura rusa. El 14 de julio, su Embajada en Bolivia negó vínculos con las redes de captación. Al día siguiente, el embajador Dmitry Vérchenko declaró: “No sabemos nada de este sistema de reclutamiento”. Además, el diplomático aseguró que iba a colaborar con las autoridades.Desde la Cancillería de Bolivia no hubo ningún pronunciamiento específico sobre la conducta establecida por la Comisión de la ONU sobre las autoridades rusas.
En todo caso, la comisión pidió desvincular de las fuerzas rusas a todas las personas captadas mediante trata. Su conclusión constituye una señal diplomática. No es vinculante. No estableció públicamente cuántos bolivianos fueron captados de este modo.
