Fuente: El Deber
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro de un teléfono celular incautado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y solicitaron a un juez federal de Estados Unidos que suspenda el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno explique cómo obtuvo su control y bajo qué procedimientos se realizó la extracción de información.
La defensa presentó la solicitud el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. En su recurso, cuestiona las circunstancias en las que fue hallado el aparato, la falta de documentación oportuna sobre su custodia y la legalidad del registro realizado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Según los abogados, el teléfono fue enviado por las autoridades bolivianas a la DEA a mediados de abril, pero no apareció en la documentación judicial compartida con la defensa hasta finales de julio. Además, sostienen que el equipo legal no fue informado oportunamente sobre la existencia del dispositivo, que podría contener información relevante para la investigación.
“Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia”, señalaron los abogados en el documento presentado ante el juez, según una publicación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
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La defensa afirma que la DEA confirmó que sus agentes extrajeron datos del teléfono sin una orden judicial. El argumento atribuido al agente es que no necesitaban una autorización específica porque Marset habría consentido previamente el registro de otros dispositivos. Los abogados cuestionan que ese consentimiento pueda justificar el procedimiento aplicado al cuarto teléfono.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset utilizaba cuatro celulares para acceder a cuentas de criptomonedas que ascienden a los $us 4 millones. Sin embargo, el equipo legal busca que el juez examine cómo se obtuvo y procesó la información antes de permitir que el dispositivo continúe siendo utilizado como parte de la investigación.
Una nueva disputa en la batalla judicial
La impugnación del teléfono se suma a otras mociones con las que la defensa intenta que se desestimen cargos o se excluyan elementos probatorios del proceso contra Marset, quien fue arrestado el 13 de marzo de 2026 durante un operativo en Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
El uruguayo enfrenta acusaciones federales vinculadas con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. Su defensa ha cuestionado, entre otros aspectos, la jurisdicción de la Justicia estadounidense, la validez del cargo de lavado de dinero y la utilización de vínculos con organizaciones criminales sudamericanas para sustentar la acusación por narcoterrorismo.
En septiembre, durante una audiencia previa al juicio, sus abogados también cuestionaron la forma en que se obtuvieron determinadas declaraciones después de su captura en Bolivia y plantearon objeciones sobre el acceso oportuno a asistencia legal durante el traslado. La Fiscalía defiende la validez de su investigación y sostiene que cuenta con elementos para sustentar los cargos.
El juez Alston tiene previsto pronunciarse sobre las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre, según los antecedentes difundidos sobre el proceso. Sus decisiones podrían determinar qué cargos y pruebas se mantienen de cara al juicio, programado para comienzos de 2027.
El caso coincide con investigaciones en Bolivia
La nueva ofensiva judicial en Estados Unidos se produce mientras en Bolivia avanzan investigaciones por presuntos vínculos de funcionarios y policías con Marset, así como por el supuesto manejo irregular de objetos encontrados en inmuebles relacionados con el uruguayo.
En una de esas investigaciones fueron enviados a prisión los exfiscales Róger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, además del policía Álvaro Aparicio, por presuntos hechos vinculados con la protección al narcotraficante. Las responsabilidades individuales deberán establecerse dentro de los procesos correspondientes.
En otra causa, relacionada con el presunto hurto de maletas y objetos de valor de la vivienda de Marset, el exjefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Marcelo Ferrufino, fue enviado al penal de Palmasola.
Asimismo, el capitán de Policía Guillermo Ruiz fue aprehendido después de declarar que retiró cuatro maletas de la vivienda y las entregó a sus superiores para que fueran puestas a disposición de la Fiscalía. De acuerdo con los datos proporcionados sobre el caso, Ruiz debía ser presentado ante un juez cautelar en las horas siguientes a su aprehensión.
Las investigaciones bolivianas y el proceso federal estadounidense avanzan por vías judiciales distintas. No obstante, ambos mantienen la atención sobre las actuaciones de las autoridades y el manejo de elementos vinculados con el presunto narcotraficante.
Por ahora, la impugnación del teléfono no implica que la prueba haya sido excluida ni que los cargos contra Marset hayan sido anulados. La decisión corresponde al juez federal, que deberá evaluar los argumentos de la defensa y la respuesta del Gobierno estadounidense.
