El más reciente informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas señala que existen motivos razonables para creer que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de una estrategia para eliminar a la oposición y perpetuarse en el poder. El reporte documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y privaciones de la nacionalidad, mientras el Gobierno de Managua rechaza las acusaciones y denuncia una supuesta injerencia internacional.
Fuente: https://www.france24.com
Una fuerte represión con el objetivo de perpetuarse en el poder. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de DD. HH. de Naciones Unidas, afirmó que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
“Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente”
La investigación, iniciada en abril de 2018 tras las denuncias de violaciones de derechos humanos, señala directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo y describe un sistema de poder orientado a neutralizar cualquier oposición política.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos con sede en Ginebra. Simon también aludió a las declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de que Nicaragua no vuelva a celebrar elecciones.
Los expertos sostienen que las autoridades han recurrido a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y medidas destinadas a privar de derechos a sus adversarios. El Gobierno nicaragüense niega las acusaciones.
Cientos de desaparecidos y el despojo de la nacionalidad
El informe pone el foco en el uso de la privación de la ciudadanía como herramienta de represalia política. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses considerados opositores han sido declarados “traidores” y despojados de su nacionalidad, según los expertos. Entre ellos figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021.
Estas medidas han dejado apátridas a las personas afectadas, al privarlas de la nacionalidad nicaragüense sin que dispongan de otra ciudadanía. En numerosos casos, las autoridades también han confiscado viviendas y otras pertenencias, de acuerdo con la información recopilada por el grupo.
La represión ha ido acompañada de un amplio desmantelamiento de la sociedad civil. Desde 2018, el Gobierno ha ordenado el cierre de más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y miles de personas han abandonado el país para escapar de la persecución.
Los expertos también alertan de una red transnacional de vigilancia que, según Brody, “monitorea, intimida y ataca a cientos de miles de nicaragüenses” que viven en el extranjero. El alcance de estas prácticas, sostiene el grupo, va más allá de las fronteras nacionales y afecta a quienes han buscado refugio fuera de Nicaragua.
La represión de 2018 y el cierre del espacio político
Ortega y Murillo se han mantenido en el poder desde las protestas multitudinarias de 2018, que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas gubernamentales y dejaron cientos de muertos. Desde entonces, las autoridades han encarcelado o forzado al exilio a opositores políticos, dirigentes religiosos, periodistas y otros críticos.
“No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país»
La consolidación del poder también se ha reflejado en las elecciones presidenciales de 2021. Ortega se proclamó vencedor de unos comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, después de que fueran encarcelados los principales candidatos que podían disputarle la presidencia. Estados Unidos no reconoce su mandato.
Reed Brody, miembro del grupo de expertos y abogado especializado en derechos humanos, afirmó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante, ejerce un «control absoluto» sobre la policía, los tribunales y las prisiones. Según Brody, una reforma constitucional aprobada el año pasado consolidó el control de Ortega y Murillo sobre los poderes legislativo y judicial, eliminando las garantías de independencia institucional.
“No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país, no hay organizaciones no gubernamentales que sean críticas”, afirmó Brody. “Simplemente no queda espacio para que nadie discrepe”.
Managua rechaza las acusaciones de Naciones Unidas
El Gobierno nicaragüense rechazó las conclusiones de los expertos y arremetió contra el Consejo de Derechos Humanos, organismo del que el país se ha retirado.
Las autoridades lo calificaron de “manipulado, obsoleto e injerencista” y acusaron a las “potencias neocolonialistas” de utilizar los derechos humanos como instrumento de “agresión política”.
Managua suele presentar las críticas internacionales y las denuncias de la oposición como parte de maniobras impulsadas por Estados Unidos y otros adversarios para debilitar al Gobierno.
Esta posición contrasta con las conclusiones del grupo de expertos, que basa sus señalamientos en la investigación sobre los abusos denunciados desde 2018.
Los expertos piden llevar el caso ante la Justicia internacional
Ante la gravedad de los hechos documentados, el grupo de la ONU instó a otros países a presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas. La iniciativa estaría relacionada con presuntas violaciones de los convenios internacionales sobre las personas apátridas.
La recomendación busca abrir una vía de responsabilidad internacional por las medidas de privación de nacionalidad y otras prácticas señaladas en el informe. La CIJ resuelve controversias jurídicas entre Estados, por lo que esta vía es distinta de un proceso penal contra dirigentes individuales.
Nicaragua no forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas por delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo las condiciones establecidas en su Estatuto. Por ello, la posible responsabilidad penal individual de Ortega y Murillo y las vías jurídicas para exigirla constituyen una cuestión distinta de la iniciativa planteada ante la CIJ.
Las conclusiones del grupo de expertos representan una nueva denuncia internacional contra el Gobierno nicaragüense y sitúan en el centro del debate la persecución de la disidencia, el desmantelamiento de las instituciones independientes y el uso de la nacionalidad como mecanismo de castigo político.
Con AP
