La certificación se aplica a contratos vinculados con la venta futura y la venta con reserva de propiedad
Una vivienda en construcción (Foto: Archivo)
Las empresas inmobiliarias tienen plazo hasta el 1 de enero de 2027 para obtener el Certificado de Revisión de Contratos Libre de Cláusulas Abusivas, según la información difundida por la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (DGDDUC). El trámite se realiza mediante el Sistema de Registro de Contratos Inmobiliarios (SIRCI).
La certificación se aplica a contratos vinculados con la venta futura, la venta con reserva de propiedad y otras modalidades de preventa de bienes inmuebles. Su marco normativo es el Decreto Supremo 4732, promulgado el 1 de junio de 2022, que establece disposiciones para regular y prevenir cláusulas y prácticas comerciales abusivas en estas operaciones.
La norma comprende inmuebles de distintos tipos, entre ellos lotes de terreno, viviendas, parqueos, depósitos y tiendas, cuando sean ofertados bajo las modalidades previstas en el decreto. También establece que los contratos deben contar con la certificación antes de su suscripción.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El artículo 4 del Decreto Supremo 4732 establece los parámetros que deben cumplir los contratos. Entre ellos figuran la identificación del propietario del inmueble; los datos del promotor, intermediario o constructor responsable de la venta, cuando corresponda; y la documentación que acredita el derecho propietario o las facultades para disponer del bien.
Los contratos también deben especificar las características técnicas del inmueble, los plazos y condiciones de entrega, así como las obligaciones asumidas por las partes. La revisión contempla las condiciones comerciales incluidas en los documentos presentados para la certificación.
El decreto considera prácticas comerciales abusivas la suscripción de contratos sin certificación, el incumplimiento de los plazos de entrega, las diferencias respecto de las características acordadas, los cobros no previstos y las modificaciones unilaterales de las condiciones establecidas.
En agosto de 2026, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que había identificado presuntas cláusulas abusivas en contratos de al menos 14 empresas de urbanizaciones y que procesaba más de 1.000 denuncias. Según declaraciones del ministro Oscar Justiniano publicadas por La Razón, en algunos casos los contratos presentados para obtener la certificación no coincidían con los documentos que posteriormente firmaban los compradores.
Entre las observaciones mencionadas en ese reporte figuraban restricciones a la transferencia de terrenos cuando aún existían deudas, plazos de mora inferiores a los establecidos por la normativa y condiciones sobre la pérdida de montos pagados. Las denuncias y los contratos observados estaban sujetos a revisión administrativa.
En septiembre, la DGDDUC comunicó otro procedimiento dirigido a las empresas inmobiliarias y urbanísticas para actualizar la documentación de sus certificaciones mediante el sistema ONDDUC. El plazo anunciado para esa actualización fue el 30 de septiembre de 2026. La entidad aclaró entonces que los certificados emitidos anteriormente mantenían su vigencia y validez jurídica durante la migración de los sistemas institucionales.
La fecha de actualización anunciada en septiembre corresponde a un procedimiento distinto del plazo del 1 de enero de 2027 consignado en la información sobre la revisión de contratos. Por ello, las empresas deben atender las disposiciones aplicables a cada trámite.
