En el presente, el fiscal general del Estado manifestó que existe un límite investigativo para el Ministerio Público, pero que, una vez que se presenten los celulares y los equipos donde se realizaron esas grabaciones, y se pueda verificar la legalidad de esa prueba, obviamente se llamará a todas las personas involucradas.
Por Germaine Barriga Velarde
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, puso en duda la autenticidad de los audios en los que se exponen presuntos casos de tráfico de influencias, negociación de contratos, pugnas por el control de ministerios y designación de autoridades, en los que estarían involucrados el exasesor Fernando Cerimedo, ministros de Estado y la primera dama, María Elena Urquidi. Sostuvo que se requiere un software para probar su origen, que podría ser adquirido el próximo año.
La autoridad sostuvo que el origen de los audios no puede ser verificado por el momento y afirmó que hasta la fecha no existe una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Sin embargo, anunció que, ante “este bombardeo informático”, se creó una Dirección Nacional de Cibercrimen, porque la difusión de por lo menos 13 audios en los que se difunden conversaciones de Cerimedo con la primera dama, con Catalina, su hija mayor, y del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sobre temas vinculados a la gestión gubernamental, estaría vinculada a ese delito.
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Justificó ese criterio al señalar que los audios difundidos están generando una expectativa que debe ser investigada. Sin embargo, afirmó que «la valoración probatoria es lo que a nosotros nos genera el problema».
Al respecto, preguntó: “¿Por qué expertos? ¿Por qué sistema? (…) ¿Han verificado los equipos? ¿De dónde salen? (…). A partir del momento en que salen y aparecen esos audios, no se pueden verificar mientras no se verifica el equipo. Tenemos que hacer el principio de trazabilidad de la comunicación, de la información y de la grabación”, advirtió.
Urioste sostuvo que se debe investigar todo, porque es como abrir un proceso penal en base a “me dijo y no me dijo”, que es algo intangible. Un proceso penal se debe abrir en base a algo objetivo y tangible, afirmó.
La autoridad consideró que el internet es algo así como el éter, es algo intangible; no hay una prueba de tangibilidad de que esa situación se esté suscitando y el país no cuenta con una normativa que establezca, por ejemplo, el delito del cibercrimen.
“Por eso hemos dispuesto la organización de una unidad en el Ministerio Público Nacional y en el Ministerio Público Departamental, uno para generar la información, para poder procesar la información y para tener los instrumentos necesarios para realizar una investigación seria”, dijo.
Informó que en el Ministerio Público no hay un caso que se esté investigando como tal, “mientras no se investigue la tangibilidad de pruebas, nadie ha denunciado”, por ello, estamos procediendo de oficio a la conformación del equipo para la investigación, pero si alguien hace la denuncia, obviamente el caso se abre inmediatamente.
“Si se presentan los equipos y se verifican en los equipos, ahí sí tenemos la tecnología suficiente para determinar si han salido de los equipos, no se han grabado los equipos, se han formado los equipos”. Sin embargo, para sacar de la nube y utilizar esa información, en Bolivia no existe la tecnología.
Hay que acudir a organismos internacionales o a consultoras internacionales para que nos colaboren en ese tema. “Hemos averiguado cuánto costaría un software y la capacitación de un perito, y el software está alrededor $us de 450 mil”, manifestó.
Urioste dijo que el proceso de adquisición del software implicaría que al año se podría estar comprando un software de esa naturaleza. Habría que consultar, buscar consultorías y contratar a una consultoría internacional para realizar esta pericia.
En el presente, manifestó que existe un límite investigativo para el Ministerio Público, pero una vez que se presenten los celulares, los equipos donde se han realizado esas grabaciones y se pueda ver la legalidad de esa prueba, obviamente se va a llamar a todas las personas involucradas.
Lo que importa de una prueba es de dónde se la extrae. Para la verificación de un audio no lo vamos a extraer de internet o de una declaración o de un vídeo; tenemos que tener una trazabilidad de la comunicación.
Verificar la trazabilidad: nosotros tenemos equipos en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), personas perfectamente capacitadas para realizar esas valoraciones probatorias, qué es lo que no se está haciendo, porque los anuncios de que los audios fueron verificados, por no sé quién.
“¿Quién es ese? Tiene certificaciones, una autoridad, tiene una certificación internacional, tiene certificados ISO. O sea, estamos hablando de nubes, ¿no es cierto? Cosas que están en el internet, totalmente dispersas, que no tienen ningún valor probatorio», sostuvo.
No podemos estar trabajando en bombas de humo, necesitamos cosas concretas de dónde investigar y hacer una validación probatoria de cada caso. Porque si no, esto va a llegar a juicio y el día de mañana se van a caer todos los juicios, advirtió.
Urioste precisó que a la fecha hay un caso vinculado con Cerimedo, por el intento de feminicidio interpuesto por su expareja, Nadia Beller, que está en investigación y está avanzando.
“Tenemos pericias de ese caso, tenemos toda la investigación armada para sustentar una acusación de pronto, o no una acusación, eso es una decisión de los fiscales de materia en su momento”, manifestó.