La Fiscalía investiga un presunto daño por la compra de 13 radares franceses. El ministro Ernesto Justiniano reveló que solo dos equipos funcionan sin observaciones. El proyecto comenzó en 2016, cuando Evo Morales era presidente
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Novillo, que formó parte de la administración de Luis Arce, fue trasladado a celdas policiales después de comparecer ante los investigadores. “Yo soy inocente, he presentado todos mis descargos, tanto legales como también documentales y consiguientemente me parece injusta la aprehensión”, declaró a la prensa.
La denuncia fue presentada el 15 de octubre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, con respaldo de la Procuraduría General del Estado. El caso se refiere al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en 2016 con la empresa francesa Thales Air Systems por más de 191 millones de euros.
El proyecto contemplaba siete radares militares y seis civiles, además de centros de control, comunicaciones, infraestructura y transferencia tecnológica. Debía permitir la vigilancia del espacio aéreo y el control del tráfico de aeronaves. Una auditoría interna identificó diferencias entre lo previsto en el contrato y las condiciones de funcionamiento de los equipos estratégico.
La adquisición de los 13 radares se concretó el 23 de agosto de 2016, durante el gobierno de Evo Morales, mediante un contrato por 191,07 millones de euros adjudicado a Thales Air Systems SAS, empresa francesa perteneciente al grupo multinacional Thales, especializado en tecnología aeroespacial, defensa, seguridad y sistemas electrónicos.
En una entrevista concedida al programa ON-Otra noche con Sissi de EL DEBER, Justiniano cuestionó los resultados: “Se pagaron 191 millones de euros y no hemos recibido lo que corresponde”. Recordó que el acuerdo no contemplaba la adquisición de aparatos aislados, sino la entrega de un sistema integral en condiciones operativas.
Según la revisión técnica, solo dos de los 13 radares funcionaban sin observaciones. Otros nueve presentaban reparos y dos estaban fuera de servicio. Estos resultados contrastan con los informes de una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, indicadores que también serán examinados dentro del proceso judicial.
La demora constituye otro de los puntos observados. El contrato establecía un plazo inicial de 31 meses, pero siete modificaciones lo extendieron a 82. La demostración final se desarrolló a los 98 meses. La Procuraduría sostiene que las adendas alteraron plazos, garantías, obligaciones y procesos de recepción.
Justiniano manifestó que la investigación debe identificar actuaciones concretas y no limitarse a los cargos ocupados por los denunciados. El Gobierno presentó una acción contra 19 personas, entre exministros, antiguos servidores públicos, responsables técnicos y representantes de la empresa proveedora.
Entre los señalados figuran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, ministros de Evo Morales; Luis Fernando López, de la gestión de Jeanine Áñez, y Novillo, de la administración de Arce. Ferreira suscribió el contrato y dos modificaciones; Zavaleta, la tercera y la cuarta; López, la quinta; y Novillo, la sexta y la séptima.
Ferreira rechazó las acusaciones y sostuvo que los cambios aprobados durante su gestión fueron administrativos y no elevaron el precio ni ampliaron los plazos. López, que reside en Paraguay, manifestó que está dispuesto a presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa.
El procurador, Hugo César León, señaló que la querella menciona daños al Estado.
