Morales y García Linera son investigados por el caso Hotel Las Américas. Foto: Archivo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos del denominado caso Terrorismo.
La Sala Penal otorgó a la Fiscalía General del Estado un plazo de 30 días hábiles para definir si presenta una acusación formal o rechaza la demanda.
El expresidente Jorge Quiroga difundió en sus redes sociales el documento judicial que dispone la radicatoria del informe de inicio de investigación, a partir de una proposición presentada por legisladores de la alianza Libre.
El proceso está relacionado con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.
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La resolución establece: “RADICAR el informe de inicio de investigación con base en la proposición acusatoria presentada contra Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad, en el caso denominado ‘Hotel Las Américas’, en el ejercicio de funciones públicas como presidente y vicepresidente del Estado”.
El documento también señala que el fiscal general interino, José Armando Urioste, debe emitir un requerimiento acusatorio o disponer el rechazo de la proposición una vez cumplidos los 30 días hábiles.
El cómputo comenzará después de la subsanación del informe de inicio de investigación, que data del 12 de octubre de este año, que estaba relacionada con la identificación de los domicilios procesales.
Asimismo, la Sala Penal instruyó que se coordinen las notificaciones legales a las partes involucradas, con participación del oficial de diligencias.
Los antecedentes del caso
El proceso se refiere al operativo policial realizado en abril de 2009, cuando murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, señalado como líder de un presunto grupo irregular, además del húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
Sobrevivieron el húngaro Előd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadić.
La proposición acusatoria se apoya en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identificó indicios de ejecuciones extrajudiciales durante la intervención policial.
La demanda busca establecer si las autoridades que ejercían funciones en ese momento tuvieron responsabilidad en los hechos.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo y resguardo de sus bases.
Su permanencia en esa región se produce mientras enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos uno por trata y tráfico de personas y otro relacionado con los bloqueos de caminos que se extendieron durante 53 días.
Tras conocerse la demanda, Morales afirmó que no tiene inconveniente en enfrentarla e incluso señaló que consideraba la posibilidad de no asumir su defensa. García Linera, por su parte, no se había pronunciado públicamente sobre el tema hasta la información difundida.
