LA GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA INFORMÓ QUE LOS EQUIPOS FUERON ENTREGADOS FUNCIONANDO Y CON GARANTÍA
Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia
Una de las cámaras instaladas en la cárcel de El Abra que no está funcionando. Foto Daniel James Los Tiempos
A más de un mes de la matanza en la cárcel de El Abra, se sospecha que las cinco cámaras de seguridad instaladas en el recinto y la central de monitoreo dejaron de funcionar deliberadamente, según se desprende de un informe remitido por la Gobernación a la fiscal que investiga el hecho y a los funcionarios de la Policía y de Régimen que estaban a cargo del penal.
El gobierno departamental a través de la firma de un convenio con el Comando de la Policía y Régimen Penitenciario invirtió 300 mil bolivianos para equipar con cámaras de seguridad las cárceles de Cochabamba. Según el contrato los equipos se entregaron funcionando. Ante cualquier desperfecto correspondía a la Dirección de Régimen comunicarse con la empresa que instaló las cámaras.
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Sin embargo, la empresa en ningún momento recibió notificaciones de daños en el equipo instalado en la cárcel del El Abra.
Además, se desconoce qué pudo haber sucedido con los nueve CPU de la central de monitoreo.
En el convenio se encuentran adjuntos los documentos de recepción de los equipos con especificaciones de los modelos, marcas y características específicas. El informe presenta las firmas de los representantes de las tres instituciones que forman parte del contrato.
En el documento entregado a la Fiscalía también se adjunta la hoja de especificaciones de las zonas donde se instalaron, en cada cárcel, las centrales de monitoreo, el certificado de garantía de los equipos y el detalle económico del presupuesto utilizado.
Las cárceles donde se instalaron los equipos son: El Abra, San Pablo, San Pedro, San Sebastián Varones, San Sebastián Mujeres y San Antonio.
Proyecto de ley
Como resultado de una inspección realizada a El Abra por parte de los asambleístas de la comisión quinta se decidió proponer la elaboración de un proyecto de ley para mejorar la infraestructura y seguridad de los recintos penitenciarios.
La propuesta fue aprobada en grande y a detalle y por ello se conformó un grupo de trabajo que propone terminar el proyecto antes de fin de año.
La principal preocupación es la situación de los policías a cargo de la seguridad. Observaron que los pocos uniformados que están resguardando las cárceles cuentan con armas precarias y viejas, las esposas para los detenidos están oxidadas y además la central de control de los servicios básicos está dentro del recinto. Por lo tanto, según el asambleísta Marco Carillo, “es como si fueran otros privados de libertad más”. El objetivo es destinar recursos de seguridad ciudadana para mejorar las condiciones en las cárceles.