En promedio, cada cuatro días una mujer es asesinada. Por otra parte, se registran 118 denuncias de violencia diarias.
Por Rosío Flores
En 13 años, 1.305 mujeres fueron víctimas de feminicidio. FOTO: RRSS
Fuente: La Razón
A pesar de las denuncias previas y de contar con una orden de restricción, la ineficacia de las medidas institucionales y un expediente archivado resultaron insuficientes para salvar su vida.
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Máxima, una mujer de 27 años de edad y madre de una niña, buscó un escudo en la justicia, pero el sistema le respondió con burocracia. Lejos de ser un impulso inesperado, su feminicidio se convirtió en la crónica de una muerte anunciada; un trágico final firmado por la indiferencia y el abandono estatal.
Pasaron 13 años y 7 meses desde la promulgación de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
En ese lapso, se registraron 1.305 feminicidios y más de medio millón de denuncias de violencia en el país. Las cifras muestran que, en promedio, cada cuatro días una mujer es asesinada. Y, por otra parte, se registran 118 acusaciones diarias de violencia, según la Coordinadora de la Mujer con datos del Ministerio Público.
“Como organizaciones de la sociedad civil identificamos presupuestos insuficientes, limitada cobertura, rotación de personal, carencias en equipo especializado y revictimización. La prevención está reducida a acciones aisladas, y esa es una de sus principales debilidades para evitar los crímenes”, advirtió la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, en una entrevista con La Razón.
En lo que va de este año, 71 feminicidios se registraron en Bolivia, lo que evidencia las graves fallas estructurales en el sistema de protección estatal y la urgente necesidad de reformar los mecanismos de prevención y respuesta judicial.
FEMINICIDIOS 2026
Las cifras superan los casos contabilizados en similar período de 2025 cuando se registraban 61 crímenes. Los datos reflejan una vez más que la violencia machista persiste y demuestra que las medidas actuales resultan insuficientes para garantizar la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La principal preocupación de la institución es la persistencia de la violencia feminicida. Aunque los registros anuales han bajado del centenar en los últimos años, las tentativas casi duplican los hechos consumados. Por ejemplo, en 2025 hubo 81 feminicidios y 178 tentativas.
El común denominador de los crímenes ha sido la extrema crueldad con que muchas veces se los ejecuta. Estos expresan relaciones de poder en las que el agresor pretende controlar, castigar y disponer del cuerpo y de la vida de una mujer.
El hecho de que la mayoría de los feminicidios en Bolivia sean de tipo íntimo, refuerza la necesidad de examinar las relaciones de posesión y dominación que hay en las relaciones de pareja.
“Un caso muy cruel ocurrido en Santa Cruz, donde una mujer fue encadenada y quemada viva por su pareja, delante de su niño, quien, en su intento de salvarla, también resultó con quemaduras”, rememoró Sánchez.
Respecto de las denuncias por violencia, solo el 7,1% concluyeron con sentencia; mientras que el 4,4% se desestimaron. El 3,5% de los casos corresponde a procedimientos abreviados; los casos abiertos alcanzan al 2,5%. El 6,3% de las denuncias fueron sobreseídas y el 3,8% se beneficiaron con salidas alternativas.
DENUNCIAS RECHAZADAS
Sin embargo, un dato alarmante es que el 47% de las denuncias fueron rechazadas.
“Este dato corresponde al conjunto de delitos analizados y muestra una profunda brecha en el acceso a la justicia. Pero la ley no es el problema; el problema está en su efectiva implementación por parte de las organizaciones encargadas de ello y en el sistema de justicia”, acotó Sánchez.
Señaló que muchas mujeres sufren presiones de su agresor y barreras institucionales. Estas suelen llevar a las víctimas a abandonar sus procesos: demoras, gastos, exigencias burocráticas, repetición de declaraciones y prejuicios.
“Una orden requiere seguimiento y una respuesta inmediata si el agresor la incumple. También se necesitan personal especializado y estable, coordinación entre instituciones, un lugar seguro y acompañamiento jurídico y psicológico para las víctimas. La responsabilidad de mantenerse a salvo no puede recaer sobre la mujer. el Estado debe garantizar una protección efectiva”, sostuvo la directora.
Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, el 71% del costo social y económico de la violencia contra mujeres lo asumen las propias víctimas y sus familias, principalmente en gastos médicos y servicios legales. Ese peso económico limita sus posibilidades de sostener la búsqueda de justicia.
Sánchez señaló que a estas barreras se suman algunas iniciativas legislativas “altamente regresivas”, como el proyecto de Ley 073 de Protección Jurídica contra las Denuncias o Acusaciones Falsas. Esta norma se está gestando en la Cámara de Senadores.
ALERTA 348
“Desde la Alerta 348 advertimos que la posibilidad de activar procesos paralelos por supuesta denuncia falsa podría utilizarse como mecanismo de presión o represalia mientras todavía se investiga la violencia denunciada. Las consecuencias económicas y las sanciones propuestas contra profesionales también pueden desalentar la denuncia y el acompañamiento”, dijo.
Explicó que una denuncia rechazada, un sobreseimiento o una absolución no demuestran por sí solos falsedad.
Sobre una posible modificación a la Ley 348, Sánchez dijo que se han planteado distintas iniciativas. Sin embargo, enfatizó que desde las organizaciones de mujeres se insistió en que cualquier revisión a la norma u otra que afecte de manera directa a la vida de las mujeres, debe partir de una evaluación integral de la aplicación de la ley. Y, además, deberá ser con la participación de las mujeres.
Para la Coordinadora de la Mujer, primero se debe identificar qué requiere una modificación legal y qué exige cumplir obligaciones existentes. Por ejemplo, las denuncias de violencia sexual pasaron de 5.865 en 2018 a 10.816 en 2025, un aumento del 84%. Aunque ese incremento no mide por sí solo toda la incidencia real de la violencia, evidencia una demanda de atención. Y esta requiere prevención sostenida, servicios especializados, investigaciones diligentes y protección oportuna.
“Hay una tarea fundamental para la Asamblea Legislativa: fiscalizar el cumplimiento de la ley, los presupuestos asignados y ejecutados. Asimismo, las causas de la retardación de justicia y la efectividad de las medidas de protección”, ratificó Tania Sánchez.
Fuente: La Razón
