Esta semana se publicó la convocatoria abierta para la elección de fiscales departamentales. La Fiscalía General del Estado es la responsable del proceso. hay voces discordantes
Fuente: El Deber
La Fiscalía General del Estado lanzó oficialmente la convocatoria pública 002/2026 para la selección y designación de los nueve fiscales departamentales del país. De esta manera, se avanza en el proceso de renovación de autoridades del Ministerio Público después de la destitución de Róger Mariaca como fiscal general y la separación de varios fiscales departamentales.
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La convocatoria está dirigida a profesionales abogados bolivianos a quienes se los invita a participar en un concurso público que evaluará méritos, experiencia y exámenes de competencia bajo estrictos criterios de transparencia.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, mostró su disconformidad con este proceso y plantea que se cambie el sistema para elegir a los responsables de las nueve fiscalías departamentales.
«Es inviable seguir concentrando un centralismo duro y puro en desmedro de las regiones», publicó al inicio de su mensaje en redes sociales.
«La designación de fiscales departamentales debe dejar de resolverse desde un escritorio y garantizar legitimidad territorial. Las Asambleas Legislativas Departamentales deben ser las entidades encargadas de la preselección, selección y designación de los fiscales de distrito o departamentales», plantea Álvarez.
En esta elección dimensiona como criterios de selección «la idoneidad técnica, la meritocracia y el fortalecimiento institucional, territorial y de la autonomía plena».
Sobre distribución de recursos
En su crítica al centralismo, la presidenta de la ALD también aludió a los acuerdos alcanzados por las gobernaciones con el Gobierno central. Según un comunicado suscrito por el Ministerio de la Presidencia, entre los cinco acuerdos alcanzados se determina la entrega a las gobernaciones del 1% de los recursos de coparticipación.
«La propuesta del nivel central de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a los departamentos la consideramos una humillación para los departamentos. Es necesario empezar por entender el impacto fiscal real y la sostenibilidad, definir criterios objetivos y transparentes de distribución, garantizar que fortalezcan la autonomía departamental y que no se usen discrecionalmente, y establecer rendición de cuentas y control sobre esos fondos», escribe Álvarez.
Recalca que se prometió una redistribución del 50%, pero que en la realidad solo se ofrece un 1% a las regiones. «La distancia entre la promesa y la realidad es una oferta ofensiva lanzada por un nivel ultracentralista que en campaña se vendió como un factor de fortalecimiento de las autonomías», sentencia la titular de la ALD.