Varias permanecen inconclusas y otras no pueden arrancar por falta de materia prima, energía, personal especializado y capital de operaciones.
Por Iván Ramos – Periodismo que Cuenta
Más de 820 millones de bolivianos se invirtieron en más de 20 plantas industriales en Chuquisaca, como parte del programa de industrialización impulsado por el Gobierno. Sin embargo, ninguna está funcionando.
Varias permanecen inconclusas y otras no pueden arrancar por falta de materia prima, energía, personal especializado y capital de operaciones. La millonaria inversión corre el serio riesgo de convertirse en una colección de elefantes blancos.
Plantas sobredimensionadas y sin materia prima
El problema comienza en la planificación. Algunas infraestructuras fueron construidas con capacidades de procesamiento que no corresponden a la producción disponible en sus municipios.
La planta de chirimoya y durazno de Presto es un ejemplo: fue diseñada para procesar 2.000 toneladas anuales, pero la producción de la zona apenas alcanza las 10 toneladas.
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A esto se suma la falta de servicios básicos: según el asambleísta Óscar Laguna, esta planta no cuenta con ningún tipo de energía para funcionar. Otras requieren gas natural y conexiones eléctricas trifásicas, además de recursos para contratar técnicos especializados y comprar insumos para iniciar operaciones.
Sin modelo de gestión ni dinero para arrancar
El planificador Félix Almendras advierte que el problema central es que no se definió quién administrará las plantas ni bajo qué modelo funcionarán.
“El problema de las infraestructuras es una indecisión sobre el modelo de funcionamiento de estas plantas. No está claro; más allá de que no haya materia prima, que estén sobredimensionadas, que no haya personal especializado o que no exista dinero de arranque, no se ha definido el modelo de gestión”, señala.
Varias instalaciones deben ser transferidas a las alcaldías, pero no está claro si los municipios podrán asumir su administración y financiar su funcionamiento. El economista Óscar Sandy Rojas cuestiona que los proyectos se hayan impulsado sin estudios de factibilidad, hojas de costos ni planes estratégicos.
“Hasta ahora esas plantas han producido corrupción y nada más”, sostiene.
El balance deja una interrogante sobre el destino de más de 820 millones de bolivianos: ¿quién se hará cargo de estas infraestructuras y cómo se convertirán en industrias capaces de producir y generar empleo?
