Gustavo Ávila anunció que presentará reformas a las normas electorales. La propuesta también contempla debates obligatorios, listas de candidatos cerradas 45 días antes de las elecciones y cambios en el padrón.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que presentará a la Asamblea Legislativa un paquete de modificaciones a cuatro normas vinculadas al sistema democrático y electoral boliviano. Entre las propuestas figuran sancionar con la pérdida de personería jurídica a los partidos que cobren por candidaturas, eliminar el certificado obligatorio de conocimiento de dos idiomas y establecer debates obligatorios para los postulantes a cargos públicos.
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El proyecto también busca incorporar el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) a la normativa, regular las encuestas y la propaganda en medios digitales, y establecer que las listas de candidatos queden cerradas 45 días antes de cada elección.
Durante una entrevista en el programa ON, EL DEBER, Ávila explicó que la iniciativa es resultado de una consulta realizada en los nueve departamentos, con la participación de organizaciones políticas, instituciones y diferentes sectores de la sociedad. El objetivo es actualizar una legislación que, según el titular del TSE, presenta contradicciones, vacíos y disposiciones que corresponden incluso a normativas de la década de los años 90.
La autoridad adelantó que el 5 de noviembre concluirá la ronda de consultas en Beni y que entre el 25 y el 30 de noviembre entregará los proyectos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), instancia que tendrá la responsabilidad de analizar y aprobar los cambios.
Las reformas alcanzarán a cuatro normas: la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Sanciones contra los partidos que alquilen su personería jurídica
Uno de los cambios más relevantes apunta a frenar los denominados ‘taxipartidos’, organizaciones políticas que, de acuerdo con la explicación de Ávila, obtienen o mantienen su personería jurídica para ofrecer candidaturas a cambio de dinero.
El presidente del TSE sostuvo que la legislación vigente no permite sancionar adecuadamente esta práctica y planteó tipificar como delito el cobro por un espacio en una lista electoral o el alquiler de la personería jurídica de una organización política.
La propuesta contempla que cuando se demuestre que un partido, dirigente o delegado cobró por una candidatura, se pueda cancelar inmediatamente su personería jurídica.
«Cuando se demuestre que un partido, un delegado, un jefe de partido ha cobrado por un cargo, etcétera, se presenta la denuncia, se presenta la prueba e inmediatamente viene la cancelación de personería jurídica«, explicó.
El planteamiento también busca que los candidatos de partidos y alianzas sean elegidos mediante procedimientos democráticos internos. Con ello, el TSE pretende reducir las postulaciones por invitación y evitar que las organizaciones políticas se conviertan en vehículos electorales sin mecanismos efectivos de participación interna.
Ávila diferenció esta práctica de las alianzas políticas, que son acuerdos entre organizaciones que deciden conformar un frente para participar en una elección. La propuesta, según indicó, alcanzaría a ambas modalidades en cuanto a la obligación de elegir democráticamente a sus candidatos.
El TSE prepara una reforma electoral con cambios en candidaturas, debates y padrón
La iniciativa también plantea modificar el artículo 11 de la Ley 018, que, según Ávila, permitió que decisiones de otros órganos del Estado interfirieran en procesos electorales. El presidente del TSE recordó como antecedente las elecciones judiciales de 2024, cuando una resolución judicial suspendió la votación en cinco departamentos.
El objetivo es reforzar la independencia de la administración electoral y proteger el principio de preclusión, que establece que las etapas de un proceso electoral deben cumplirse y cerrarse conforme al calendario, sin retrocesos fuera de los mecanismos previstos por ley.
Ávila considera que la actual redacción debe cambiar para impedir que resoluciones de otras instancias paralicen o alteren procesos electorales que ya están en marcha. La propuesta, aclaró, puede realizarse mediante una modificación de la Ley 018 y no necesariamente requiere una reforma constitucional.
El planteamiento tiene como trasfondo la necesidad de delimitar las competencias de los órganos del Estado y garantizar que las reglas electorales no cambien una vez iniciado un proceso.
Certificado de dos idiomas: el TSE propone eliminar el requisito
Otro de los puntos que Ávila quiere llevar a discusión es la eliminación del certificado que acredita el conocimiento de dos idiomas oficiales para quienes buscan postular a cargos públicos.
El presidente del TSE sostuvo que este requisito terminó convirtiéndose en una barrera burocrática y, en algunos casos, en un negocio alrededor de la emisión de certificados.
Según su evaluación, muchos candidatos consiguieron documentos que acreditaban el conocimiento de dos idiomas sin que necesariamente dominaran ambas lenguas. Incluso estimó que alrededor del 90% de las autoridades que presentaron esos certificados no hablarían efectivamente los dos idiomas.
«Es un requisito que es innecesario«, afirmó, al considerar que cualquier ciudadano debe tener la posibilidad de postular sin enfrentar obstáculos que, en su criterio, restringen sus derechos políticos.
La propuesta abre un debate sobre cómo compatibilizar los requisitos de acceso a cargos públicos con el reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística del país. Su eliminación deberá analizarse considerando el alcance de las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Candidaturas municipales y autoridades indígenas
La reforma también contempla revisar el requisito de dos años de residencia previa para quienes buscan postular a cargos municipales.
Ávila considera que este aspecto debe analizarse para evitar restricciones que puedan afectar la participación política. La intención es revisar si las condiciones actuales responden a las necesidades de representación de la población.
Otro punto de discusión tiene que ver con la elección de autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
El presidente del TSE identificó una contradicción entre la elección de representantes mediante usos y costumbres y la obligación de participar a través de organizaciones políticas en determinados procesos nacionales.
El problema, según explicó, también se refleja en la continuidad de algunas autoridades indígenas, que son elegidas por sus comunidades, pero pueden ser reemplazadas pocos meses después.
«Tenemos que elegirlos ya sea mediante voto o ya sea por usos y costumbres», sostuvo Ávila. La propuesta busca establecer procedimientos más claros que respeten la autonomía de los pueblos indígenas, pero que también garanticen estabilidad en la representación y la gestión pública.
Debates obligatorios y listas cerradas 45 días antes de las elecciones
La modernización del sistema electoral incluye cambios en la inscripción de candidatos y en las reglas de competencia política.
Uno de los planteamientos es que las listas de postulantes queden cerradas 45 días antes de cada jornada electoral. Con esta medida se busca evitar inscripciones de último momento, sustituciones y modificaciones que generen incertidumbre entre los votantes.
La iniciativa también contempla convertir los debates electorales en una obligación para los candidatos. Actualmente, según Ávila, su realización depende de acuerdos entre las organizaciones políticas y el órgano electoral.
La propuesta establece que quienes busquen ocupar cargos públicos deberán participar en debates para presentar sus programas y propuestas ante la ciudadanía.
En caso de incumplimiento, se analizarán sanciones tanto para el candidato como para la organización política. Entre las alternativas mencionadas figuran multas e incluso la inhabilitación, aunque el mecanismo definitivo todavía debe ser definido por el equipo jurídico del TSE.
Otro componente será incorporar expresamente el Sirepre a la legislación electoral. Este sistema permite difundir resultados preliminares y ofrecer información rápida a la ciudadanía después de una votación.
Ávila sostuvo que el mecanismo fue desarrollado por profesionales bolivianos y que su utilización debe quedar establecida como obligatoria en todos los procesos electorales.
También se pretende regular las encuestas, los procedimientos de inhabilitación de candidatos, la propaganda electoral y el seguimiento a las campañas en medios digitales, un ámbito que ha ganado importancia en las últimas elecciones.
Bolivia tendrá un nuevo padrón electoral hasta diciembre de 2027
La reforma normativa está vinculada a otro de los desafíos del órgano electoral: la actualización del padrón de votantes.
Ávila confirmó que el TSE trabaja en un nuevo registro que incorporará reconocimiento facial y dactilar, además de herramientas tecnológicas para facilitar los trámites de los ciudadanos.
El proyecto contempla un documento con código QR que permitirá acceder a información del Registro Civil, como certificados de nacimiento y matrimonio, además de los datos electorales.
El presidente del TSE indicó que el plazo establecido para contar con el nuevo padrón es diciembre de 2027 y que ya se realizaron gestiones con organismos internacionales, el Órgano Ejecutivo y las gobernaciones para conseguir financiamiento.
Aunque evitó precisar el presupuesto requerido, explicó que las nuevas tecnologías permitieron reducir considerablemente las estimaciones iniciales, que oscilaban entre $us 50 millones y $us 70 millones.
En octubre, Ávila también informó que se buscaba apoyo de la cooperación internacional, incluida la Unión Europea, para financiar el proyecto y evitar recurrir a recursos del Tesoro General del Estado.
La actualización es relevante porque el registro biométrico vigente fue construido en 2009 y requiere modernizar sus equipos y mecanismos de identificación. El objetivo es mejorar la seguridad, actualizar las fotografías y reducir las posibilidades de registros duplicados o inconsistencias en la información de los votantes.
La Asamblea tendrá la última palabra
El TSE prevé concluir el 5 de noviembre su recorrido por los nueve departamentos. Posteriormente, realizará reuniones con personas con discapacidad, pueblos indígenas, jóvenes, policías y militares para recoger propuestas adicionales.
Entre el 25 y el 30 de noviembre, según el cronograma anunciado por Ávila en la entrevista, entregará los proyectos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
A partir de ese momento, la responsabilidad del tratamiento y aprobación corresponderá a los legisladores. El TSE anticipó que acompañará el proceso con explicaciones técnicas y coordinación con las comisiones legislativas.
Un aspecto que deberá precisarse en la presentación formal es el alcance definitivo del paquete normativo: en la entrevista con EL DEBER, Ávila enumeró cuatro reformas, incluida la normativa contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Sin embargo, las comunicaciones previas del TSE y los reportes sobre el proceso han identificado como ejes centrales las leyes 018, 026 y 1096.
La discusión legislativa será determinante. No se trata solamente de modificar procedimientos administrativos, sino de establecer nuevas reglas sobre la participación política, la selección de candidatos, la independencia electoral y la transparencia de los resultados.
El desafío será conseguir consensos políticos para que las reformas no respondan a intereses coyunturales, sino que permitan construir un sistema electoral con reglas claras, mayor fiscalización y garantías para los ciudadanos.
