El ministro Marco Antonio Calderón de la Barca señaló que el proyecto minero incluirá incentivos para captar inversiones y beneficios por incorporar tecnología.

Proyectos de minería en territorio nacional. Foto: Archivo
El Gobierno nacional tiene en cartera proyectos mineros que representan oportunidades de inversión por varios miles de millones de dólares, según reportó el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla.
Entre las iniciativas que mencionó la autoridad figuran un proyecto de aproximadamente $us 1.500 millones vinculado a Minera San Cristóbal y el yacimiento Carangas, cuyo potencial de inversión se acerca a los $us 5.000 millones.
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El Gobierno busca convertir estas iniciativas en nuevas inversiones mediante el nuevo Código Minero y la Ley de Inversiones, con los que pretende generar mayor seguridad jurídica y condiciones para atraer capitales nacionales y extranjeros.
“Tenemos proyectos que representan varios miles de millones de dólares en inversión”, afirmó Calderón de la Barca durante una rueda de prensa en la que informó sobre los avances de socialización del proyecto de Código Minero, cuya presentación ante la Asamblea Legislativa está prevista para noviembre.
Proyectos mineros
Entre las iniciativas de mayor escala, el ministro mencionó el proyecto de Minera San Cristóbal, que contempla una inversión aproximada de $us 1.500 millones. También destacó una propuesta para construir un centro logístico de carga mineral, con una inversión inicial estimada en $us 150 millones.
Esta infraestructura busca mejorar el transporte de minerales hacia los puertos internacionales mediante contenedores de volteo, con el propósito de reducir los riesgos de contaminación y facilitar las operaciones de exportación. En una primera etapa, el proyecto involucraría a Minera San Cristóbal y otra operación minera.
Carangas, ubicada en la franja fronteriza, posee un potencial de inversión que alcanzaría los $us 5.000 millones. A esta cartera se suma Iska Iska, proyecto que despertó el interés de una institución que manifestó su intención de financiar el diseño final.
Seguridad jurídica
El ministro sostuvo que la falta de seguridad para invertir, más que las disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE), explica la cautela de los capitales extranjeros frente al sector minero boliviano.
“En la Constitución no se impedía la inversión extranjera; lo que sí había, por supuesto, era una reticencia de los extranjeros para poder venir a invertir a Bolivia con el tema de seguridad”, explicó.
En ese contexto, señaló que el nuevo Código Minero incorporará dos o tres propuestas específicas para incentivar inversiones de mayor escala y promover nuevos emprendimientos, sin modificar el marco constitucional vigente.
El Gobierno también apuesta por la Ley de Inversiones, actualmente en tratamiento en la Asamblea Legislativa, que contempla beneficios para proyectos que generen empleo e incorporen tecnología más limpia, sin importar si los promotores son cooperativas, pequeñas empresas o grandes compañías.
“El solo hecho de generar empleo ya puede beneficiarse de esa Ley de Inversiones, seas cooperativa, seas empresa chica o seas empresa grande”, manifestó Calderón de la Barca.
Con ambos instrumentos, el Ejecutivo pretende mejorar las condiciones para que los proyectos mineros que actualmente figuran en cartera puedan avanzar hacia etapas de desarrollo y concreción de inversiones.
