Según la diputada, el documento trabajado por el Ministerio de Minería y representantes del sector daría lugar a operaciones en áreas protegidas y no toma recaudos para la contaminación con mercurio, entre otras falencias.
La diputada Cecilia Requena en contacto con los medios / archivo
Fuente: Brújula Digital
La diputada Cecilia Requena cuestionó que el anteproyecto del nuevo Código Minero permita aprobar contratos de explotación mediante procedimientos administrativos, sin pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y advirtió que esta modificación podría facilitar la expansión de la actividad minera sin suficientes controles ambientales. También alertó que la propuesta abre la posibilidad de desarrollar operaciones en áreas protegidas y zonas forestales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Lo que está haciendo este proyecto de ley es consolidar el saqueo, no solo ecológico sino económico de nuestro país”, afirmó Requena y agregó que la elaboración de la propuesta se realizó durante meses con participación de representantes del sector minero, sin incorporar a pueblos indígenas, comunidades afectadas por la contaminación con mercurio, científicos, organizaciones ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil.
Desde el Ministerio de Minería se informó que en los 12 años de vigencia de la actual normativa hubo 9.718 solicitudes de contratos mineros, y que solo 400 fueron aprobadas por el legislativo, lo que representa cerca del 4 %. Ahí se deja entrever un posible argumento de lo previsto en el proyecto.
Según Requena, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de que los contratos mineros de menor escala sean aprobados por la Autoridad Nacional Minera, sin intervención del legislativo. Para la diputada, esta modificación debilitará los mecanismos de control sobre las operaciones extractivas y facilitará la expansión de la minería, incluso en territorios ambientalmente sensibles.
Requena también observó que el anteproyecto otorga una protección especial a la cadena minera por considerarla estratégica, sin establecer garantías suficientes para resguardar el agua y otros recursos naturales. En ese sentido, cuestionó que la actividad extractiva tenga prioridad frente a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. “¿Cuál es realmente un recurso más estratégico, el agua o los minerales?”, planteó, y advirtió sobre los efectos de la explotación minera, particularmente aurífera, en los recursos hídricos.
La diputada remarcó además que el anteproyecto permitiría el ingreso de operaciones mineras a territorios que actualmente cuentan con protección ambiental, mediante autorizaciones especiales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Consideró que las disposiciones planteadas no ofrecen garantías para impedir la degradación de estos espacios. “La categoría de protegidas, de áreas protegidas, no sé de qué sirve si no se las puede proteger ni siquiera de una actividad que es tan devastadora”, cuestionó.
En relación con la contaminación por mercurio, Requena señaló que el documento no establece un compromiso concreto para eliminar progresivamente el uso de este metal en la explotación aurífera, pese a los daños irreversibles que ocasiona en la salud, especialmente entre las poblaciones indígenas que consumen peces de río.
También observó que la consulta previa a las comunidades carece de garantías de información equilibrada, debido a que los propios operadores mineros participarían en la explicación de los proyectos, sin contemplar el acompañamiento de instituciones académicas independientes.
Otro de sus cuestionamientos apunta a la eliminación del estudio ambiental con enfoque multisectorial previsto en el inciso C del artículo 93 de la actual Ley 535. Según la legisladora, el anteproyecto prioriza la otorgación del derecho minero por 30 años y posterga la licencia ambiental, sin garantizar una evaluación técnica previa que permita conocer los impactos de las operaciones. “Hay una consulta sin saber nada y después vendrá la licencia ambiental”, afirmó.
La postura del gobierno
El director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería Álvaro Herbas explicó que la propuesta busca modificar el procedimiento de aprobación de los contratos para reducir la cantidad de trámites que deben pasar por la ALP
“Estamos proponiendo que no todos los contratos vayan porque la mayoría de los 9.718 contratos (presentados e n los últimos años) están esperando y en muchos casos ya operando, y ahí generamos el tema de la minería ilegal”, sostuvo.
Herbas precisó que los contratos relacionados con áreas estratégicas, reservas fiscales, minerales radiactivos y proyectos de gran escala continuarán requiriendo aprobación legislativa. En cambio, los de menor escala podrán ser autorizados mediante un procedimiento administrativo a cargo de la futura Autoridad Nacional Minera (ANM).
El director jurídico señaló que esta diferenciación responde a la necesidad de agilizar los procedimientos y evitar que las solicitudes permanezcan durante años sin resolución. También mencionó que algunos legisladores plantearon anteriormente que no todos los contratos deberían ser tratados por la asamblea.
Socialización
La propuesta de un nuevo Código Minero comenzó a tomar forma en diciembre de 2025. Uno de sus principales antecedentes fue la Cumbre Nacional Minera, realizada en julio de 2026, donde se definieron seis ejes de discusión: seguridad jurídica, contratos, institucionalidad, medioambiente, comercialización y desarrollo productivo.
Sin embargo, la participación en las mesas técnicas de esa cumbre estuvo restringida a representantes acreditados de los actores productivos mineros. El 27 de octubre, el Ministerio de Minería inició la socialización del anteproyecto con representantes de los órganos Ejecutivo y legislativo. Posteriormente, el 3 de noviembre presentó un micrositio para que la ciudadanía pueda consultar el documento y enviar observaciones y sugerencias.
El documento inicial comprende 46 capítulos, 15 títulos y más de 200 artículos redactados, con la participación de 15 delegados y más de 140 especialistas, según datos difundidos por el ministerio.
BD/LE/MZS
