La ausencia de los fiscales que conforman la comisión de investigación impidió la toma de declaración a los tres primeros testigos. No hay fecha para una nueva citación. Los demandantes observan desinterés por parte de la Justicia.
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«La verdad, una gran pena lo que ha ocurrido hoy con el Ministerio Público en Santa Cruz. Había mucha expectativa, tanto de las víctimas como del pueblo cruceño y boliviano. Esperaban conocer la versión de dos ex autoridades muy importantes. Sin embargo, para la Fiscalía, creo que no tenía ninguna importancia y nos han dejado. Para nosotros una absoluta falta de respeto por parte del Ministerio Público. Supone la continuación de la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales desde el 2009 hasta lo que va de este año», expresó Saucedo con un tono crítico.
Las declaraciones de los tres testigos fueron suspendidas por la ausencia de los fiscales encargados del caso. «Los testigos han cumplido con su deber ciudadano. Después de haber sido citados, se han presentado a la hora indicada, han dejado constancia de la suspensión de esta declaración. Sin embargo, el investigador asignado al caso no quiso ponerle fecha porque eso fue lo que le instruyó el Ministerio Público», afirma Saucedo.
Según esa consideración, no se sabe cuándo se podrá retomar los proceso de investigación y toma de declaración a las personas citadas.
«La incertidumbre es la mayor falta de respeto que puede haber. No solamente a las víctimas, sino también a los mismos testigos que han sido citados», puntualizó el abogado que encabeza la demanda.
El temor que tienen las víctimas demandantes radica en la posibilidad de acceder a un juicio de responsabilidades contra las exautoridades de Gobierno, Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que esta posibilidad demoraría aún más los procesos. «Me parece más un teatro político eso del juicio de responsabilidades», señala. Y considera que de imponerse esa vía «les va a servir a Evo Morales y Álvaro García Linera para plantear algún recurso».
Expone los motivos para que el proceso avance por la justicia ordinaria y no por un proceso de responsabilidades que tendría un alcance jurídico distinto. «Son delitos de lesa humanidad que no están contemplados dentro de sus competencias de administración del Estado. Asesinar, torturar, encarcelar no es parte de la función de un gobernante. Por lo tanto, estamos fuera de los delitos de juicio de responsabilidades», explica Saucedo.
«En Bolivia, en este momento, no se pueden llevar juicios de responsabilidad. Hay más de 30 juicios de responsabilidad paralizados en la Asamblea Legislativa porque no hay una ley», puntualiza Saucedo.
Como parte de las víctimas denunciantes, se sienten desamparados por la actuación de los diversos gobiernos. «El Estado boliviano no ha hecho absolutamente nada hasta hoy día en favor de las víctimas», lamenta.
