Santa Cruz tiene que generar sus propias respuestas para frenar la inseguridad. La Policía es ajena al problema y no sirve a la gente.
Editorial El Día
La culpa de que el Gobierno central, la Policía y los militares se burlen de Santa Cruz con un nuevo plan de seguridad ciudadana armado a las apuradas con fines netamente electoralistas es de la Prefectura, la Alcaldía y todas las instituciones cruceñas que hace mucho debieron ofrecer una respuesta drástica a este problema.
Una de las grandes banderas de la autonomía era justamente la creación de una fuerza de seguridad propia que ayude a superar las deficiencias de la Policía Nacional y si bien esta propuesta tropieza con un monopolio constitucional otorgado a las fuerzas policiales, la falta de creatividad ha impedido poner en marcha iniciativas que hubieran servido para disminuir el índice de criminalidad y que seguramente hoy tendrían un fuerte respaldo ciudadano capaz de contrarrestar las críticas y las acusaciones de quienes no cumplen con un servicio altamente deficitario, no sólo en Santa Cruz.
Ayer se ha visto a la Prefectura rogándole a la Policía que le ayude a poner en marcha un plan de “serenazgo” de índole preventivo, que debió existir hace mucho tiempo. La palabra “coordinación” en la Policía Departamental no existe más que para el Ministerio de Gobierno y no precisamente funciona para llevar tranquilidad a los barrios de la ciudad, sino para ejecutar acciones netamente políticas, represivas y de control. Inmovilizarse en la queja y en el lamento ha sido para los líderes locales una constante, mientras que el oficialismo tiene la desfachatez de adoptar una posición demagógica, días después de que el ministro Rada dijo que no hay recursos para seguridad y le pasó la responsabilidad a las instituciones departamentales.
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¿Qué hace la Alcaldía y qué puede hacer? Se trata de la institución que debe velar por los vecinos, que está más cerca de ellos que cualquier otra. La gestión municipal debe ir más allá de las obras, del cemento y la infraestructura. La seguridad es una necesidad de primer orden. Lo mismo las Juntas Vecinales ¿para qué sirven? Así como han sido férreos defensores del bolsillo ciudadano oponiéndose al aumento del precio de los pasajes, podrían tomar una iniciativa consistente en materia de prevención. Si hay algo que puede funcionar en estos días, dada la desesperación de la gente es una gran movilización de las fuerzas vivas, la generación de ideas, el trabajo interinstitucional. Confiarse en este momento en las eternas promesas del Gobierno o en las arengas de la Policía es inútil y no hay duda que estos mismos actores van a reaccionar cuando estén frente a una sociedad que se organiza y que busca sus propias soluciones.
Al mismo tiempo que se producen las respuestas que necesita una población abatida por la delincuencia, la muerte y la violencia, no hay que perder de vista la denuncia y la observación de los factores que están contribuyendo a la inseguridad: el narcotráfico, una Policía sumida en la corrupción, la violencia política, una administración gubernamental insensible con los problemas de la ciudadanía, las fallas de la Justicia y la aplicación de las leyes y un largo etcétera que no deben sin embargo, mantenernos inmovilizados como estamos.