Diputado Rodrigo Antonio Loma (Libre)
Tras la elección de nuevas directivas camarales y la clausura del período legislativo 2025-2026, el diputado por la alianza Libre, Rodrigo Antonio Loma, aseguró que existe la necesidad de que, en la siguiente gestión, se establezca una agenda parlamentaria que priorice el tratamiento de leyes estructurales y reformas constitucionales, enfocadas en superar la actual situación de crisis en el país.
Fuente: El Diario
“En este momento, lo que corresponde es que de una vez se cree una agenda parlamentaria que responda a las necesidades del país y a lo que necesita la población en este momento”, sostuvo el legislador paceño.
En criterio de Loma, es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) enfoque su trabajo en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y se contribuya a la paz social y la estabilidad que se requiere para que la ciudadanía desarrolle sus actividades con normalidad.
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Para ello, afirmó que el Parlamento debería empezar a abordar temas importantes como la unificación de criterios para viabilizar una reforma constitucional, así como el análisis y aprobación de un conjunto de leyes estructurales con las que se mejorarán las condiciones para la captación de inversión externa.
“Lo que se debe priorizar es que cambie el destino del país. Es una situación compleja la que se está viviendo y lamentamos que en la gestión que ha terminado no se haya podido llevar adelante este trabajo. Entendemos que en la gestión que inicia ya deberían abordarse estos temas”, agregó.
Consultado por la división en la totalidad de las fuerzas políticas que componen la ALP y las recientes fricciones para la conformación de directivas en la Cámara Baja, el diputado opositor adelantó que, desde la bancada de la alianza Libre, se continuará ejerciendo con responsabilidad la función legislativa “desde el lugar que nos toque”, con la premisa de que el trabajo parlamentario debe ser encarado con la seriedad que amerita y respondiendo al mandato de la población.
“Vamos a estar aquí para hacer un trabajo de fiscalización eficiente y también aportar en el tema de la legislación cuando así se necesite”, finalizó.
Ayer, la Asamblea Legislativa Plurinacional desarrolló su vigésima sesión ordinaria y declaró clausurada la legislatura 2025-2026, luego de que el pleno aprobara, por más de dos tercios, las resoluciones que permitieron dar continuidad a la sesión y formalizar el cierre del período legislativo.
Desde la posesión de un nuevo Gobierno, tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo, y a lo largo del período legislativo 2025-2026, uno de los principales temas de debate en instancias de la ALP fue la necesidad de hacer reformas parciales a la actual Constitución Política del Estado. Para este fin se presentaron varias propuestas legislativas enfocadas en reformar el texto constitucional en busca de un cambio en el modelo económico, atraer inversiones y reestructurar el sistema judicial.
Una de las propuestas normativas para posibilitar esta reforma parcial fue presentada por el diputado paceño Carlos Alarcón, quien plantea “desconstitucionalizar” 30 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), prohibir las nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional en controversias entre el Estado y los inversionistas.
Otra propuesta por el expresidente Jorge Quiroga plantea hacer una reforma de carácter más amplio y sistémico, con cambios en la estructura institucional, el Órgano Legislativo, la Presidencia, el régimen económico, las inversiones y las autonomías.
Asimismo, el diputado Juan Del Granado socializó un proyecto de ley de reforma parcial, enfocado específicamente en materia de justicia, que incluye un incremento progresivo del presupuesto judicial hasta alcanzar al menos el 3% del presupuesto estatal.
Desde el Tribunal Supremo Electoral, se planteó la necesidad de abrir un debate nacional de evaluación sobre los alcances y deficiencias de la actual CPE.
En septiembre de la presente gestión, senadores y diputados acordaron impulsar de manera conjunta el proceso de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en tres fases, que concluirían con un referéndum constitucional.
“Hemos alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional”, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Senado, Diego Ávila, acompañado de los senadores José Roca, Paola López y María Alcón, además de los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes.
La autoridad legislativa destacó la voluntad de avanzar en un procedimiento que permita abordar cambios vinculados con la justicia, el modelo económico, las autonomías y otros aspectos de la institucionalidad del país.
Desde el Órgano Ejecutivo se optó por priorizar una vía alternativa a la reforma constitucional, impulsando la presentación de normas para su aprobación en la ALP, con las que se atiendan temas estructurales, respetando el marco constitucional vigente.
La postura es cuestionada por varios actores políticos y analistas, quienes consideran que la aprobación de leyes denominadas estructurales tendría un efecto limitado o nulo si no se hacen modificaciones previas al texto constitucional. Asimismo, se advirtió sobre el riesgo de que el proceso se termine politizando en caso de que el Órgano Ejecutivo asuma un protagonismo excesivo en el tema.
Según el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, cualquier reforma parcial impulsada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional requiere la aprobación por una mayoría de dos tercios del total de los miembros presentes y una posterior ratificación mediante referendo constitucional.
Fuente: El Diario